La posible salida de Iberdrola de México ha generado un intenso debate en ambos lados del Atlántico. Mientras medios españoles señalan la incertidumbre jurídica como el principal motivo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que no existen razones para tal decisión, enfatizando la claridad de las reglas para el desarrollo empresarial en el sector energético. Esta divergencia de opiniones abre un abanico de interrogantes sobre el futuro de la inversión extranjera en el país y el panorama energético mexicano.

Por un lado, la postura del gobierno mexicano busca transmitir confianza a los inversionistas, destacando la existencia de un marco jurídico sólido y la viabilidad de la inversión privada en el sector eléctrico. La mención específica a las Sociedades de Autoabasto y la necesidad de su regularización sugiere un enfoque en el cumplimiento de la ley y la transparencia en las operaciones. Este llamado a la legalidad podría interpretarse como una señal de que el gobierno busca fortalecer el control y la regulación del sector, lo que, a su vez, podría generar tanto oportunidades como desafíos para las empresas energéticas.

Por otro lado, la perspectiva de los medios españoles refleja las preocupaciones de algunos inversionistas internacionales sobre la estabilidad del marco regulatorio en México. La incertidumbre jurídica, real o percibida, puede ser un factor determinante en las decisiones de inversión, especialmente en sectores estratégicos como el energético. La salida de una empresa con la trayectoria y el peso de Iberdrola, presente en México por más de dos décadas, sin duda enviaría una señal preocupante a otros potenciales inversores.

Más allá de las declaraciones oficiales y las especulaciones mediáticas, es crucial analizar el contexto en el que se desarrolla esta situación. La reforma energética en México ha sido un tema complejo y controversial, con cambios significativos en las reglas del juego para las empresas del sector. La apuesta del gobierno por fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la revisión de contratos previos han generado tensiones con algunas compañías privadas, incluyendo a Iberdrola.

En este escenario, la comunicación transparente y el diálogo constructivo entre el gobierno y las empresas son fundamentales para disipar las dudas y generar un clima de confianza que propicie la inversión y el desarrollo del sector energético. La certeza jurídica no solo implica la existencia de leyes y regulaciones, sino también su aplicación consistente e imparcial. Además, es importante considerar el impacto de las políticas energéticas en la competitividad del país y en el acceso de la población a un suministro eléctrico confiable y a precios asequibles.

La permanencia o la salida de Iberdrola de México tendrá implicaciones significativas para el futuro del sector energético. Es un caso que pone de manifiesto la importancia de la estabilidad regulatoria y la confianza de los inversionistas para el desarrollo económico del país. El tiempo dirá si las garantías ofrecidas por el gobierno mexicano son suficientes para convencer a Iberdrola y a otras empresas de que México sigue siendo un destino atractivo para la inversión en el sector energético. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y el debate continúa.