La tragedia ocurrida en Paseo de la Reforma, donde una mujer perdió la vida al utilizar un servicio de moto-taxi por aplicación, ha puesto en el ojo del huracán la operación irregular de estas plataformas. Más allá del dolor inmediato de la pérdida, este incidente destapa una problemática mucho más profunda: la falta de regulación y el consiguiente riesgo al que se exponen miles de ciudadanos diariamente. La Secretaría de Movilidad (Semovi) ha reaccionado, anunciando acciones legales contra estas aplicaciones. Sin embargo, la pregunta que resuena en la mente de muchos es ¿por qué se permitió que estas empresas operaran impunemente hasta que una tragedia de esta magnitud ocurriera?

La precariedad en la que operan estos servicios es evidente. La falta de un marco regulatorio claro permite que cualquier persona, sin la debida capacitación ni las garantías de seguridad necesarias, ofrezca servicios de transporte. En este caso, el casco que portaba la víctima, aunque presente, no cumplía con los estándares mínimos de seguridad. Este detalle, aparentemente menor, subraya la negligencia que permea todo el sistema. ¿Quién verifica que los conductores cuenten con la licencia adecuada? ¿Quién se asegura de que las motocicletas estén en óptimas condiciones? La respuesta, lamentablemente, es nadie.

La Semovi, al anunciar acciones jurídico-administrativas, intenta contener el daño, pero la realidad es que la situación exige mucho más que simples medidas reactivas. Se necesita una revisión profunda de la legislación vigente y la implementación de un marco regulatorio que proteja a los usuarios. No podemos permitir que la vida de las personas quede en manos de empresas que operan al margen de la ley, priorizando el lucro por encima de la seguridad.

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son alarmantes. El aumento de accidentes en motocicleta es una crisis de salud pública que no podemos ignorar. Más de 7,500 colisiones en el primer trimestre del año, con un saldo de miles de heridos y decenas de fallecidos, pintan un panorama desolador. Estas estadísticas no son simples números, son vidas truncadas, familias destrozadas y un recordatorio constante de la urgencia de actuar.

El operativo “Salvando Vidas”, implementado por la Semovi y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), es un paso en la dirección correcta. La verificación del uso de cascos certificados, licencias y el control del número de pasajeros son medidas esenciales. Sin embargo, la efectividad de estas acciones se ve limitada por la falta de un marco regulatorio integral. Mientras las aplicaciones de moto-taxis continúen operando en la ilegalidad, el riesgo persistirá.

La ciudadanía también tiene un papel crucial que desempeñar. Evitar el uso de estos servicios ilegales no solo es una medida de autoprotección, sino también una forma de presionar a las autoridades para que actúen con mayor contundencia. Debemos exigir un transporte seguro y responsable, y rechazar cualquier alternativa que ponga en peligro nuestra integridad.

El llamado de la Semovi a la ciudadanía es claro: no utilicen estos servicios. Pero la responsabilidad no puede recaer únicamente en el usuario. Es imperativo que las autoridades asuman su rol y garanticen un transporte público eficiente y seguro para todos. La tragedia de Paseo de la Reforma debe servir como un llamado de atención para que se tomen medidas concretas y se eviten futuras pérdidas. La seguridad vial no es un lujo, es un derecho.