La decisión judicial de otorgar libertad asistida a Marianne Gonzaga, de 17 años, tras la brutal agresión a Valentina Gilabert, ha generado una oleada de reacciones y controversia en la sociedad mexicana. El caso, que conmocionó al país en febrero de 2025, vuelve a estar en el ojo del huracán tras la sentencia dictada el pasado 23 de julio. Si bien la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha defendido la medida como un acuerdo alcanzado con la víctima y su representación legal, persisten las interrogantes sobre si la libertad asistida es la respuesta adecuada a un acto de violencia tan grave.

Recordemos los hechos: Marianne Gonzaga viajó desde Cancún a la Ciudad de México para confrontar a su expareja y a su nueva novia, Valentina Gilabert. El encuentro culminó en un ataque feroz donde Valentina recibió entre 12 y 15 puñaladas en cuello, tórax, manos y rostro. La joven luchó por su vida en el hospital mientras Marianne era detenida y procesada. Ahora, menos de seis meses después del incidente, la agresora se encuentra en libertad asistida, una medida contemplada en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes que busca la reinserción del menor infractor.

La libertad asistida, en este contexto, implica que Marianne deberá cumplir ciertas condiciones y someterse a supervisión durante los 2 años y 8 meses que dura su condena. Entre las medidas impuestas, se encuentran la prohibición de acercarse a la víctima, la obligación de asistir a terapias psicológicas y la presentación periódica ante las autoridades. Sin embargo, la levedad de la sentencia en comparación con la brutalidad del ataque ha generado indignación entre diversos sectores de la opinión pública.

Muchos se preguntan si la justicia ha sido verdaderamente impartida en este caso. ¿Es suficiente la libertad asistida para reparar el daño físico y emocional infligido a Valentina Gilabert? ¿Qué mensaje se envía a la sociedad al permitir que una persona responsable de un acto tan violento evite la reclusión en un centro especializado para adolescentes? Estas son preguntas que resuenan con fuerza y que exigen una profunda reflexión sobre el sistema de justicia para menores en México.

Más allá de la controversia legal, el caso de Marianne y Valentina nos invita a analizar las raíces de la violencia en nuestra sociedad. La posesividad, los celos y la falta de control emocional pueden tener consecuencias devastadoras. Es crucial promover la educación en valores, la resolución pacífica de conflictos y la igualdad de género para prevenir futuras tragedias.

El seguimiento al cumplimiento de las medidas impuestas a Marianne Gonzaga será fundamental. La sociedad exige transparencia y garantías de que la libertad asistida no se convierta en impunidad. El caso de Valentina Gilabert debe servir como un recordatorio de la importancia de proteger a las víctimas de la violencia y de buscar justicia real para todos. La conversación apenas comienza y es crucial que continuemos exigiendo un sistema judicial más justo y eficaz para todos.