El avance de las mujeres en la política mexicana es una realidad innegable. En 2025, el panorama político luce distinto, con una mujer al frente del Poder Ejecutivo y una importante presencia femenina en congresos estatales y federales. Sin embargo, este logro, aunque significativo, es solo la punta del iceberg. La verdadera transformación radica en el poder real, en la capacidad de incidir en las decisiones que moldean el país. Y en ese aspecto, aún queda un largo camino por recorrer.

La paridad numérica no se traduce automáticamente en igualdad sustantiva. Observamos con preocupación cómo, a pesar de la presencia femenina en las Cámaras, las posiciones clave, los puestos de liderazgo, siguen estando mayoritariamente ocupados por hombres. Las Juntas de Coordinación Política, verdaderos centros de poder legislativo, son un claro ejemplo de esta disparidad. A nivel estatal, la situación se repite: mujeres presidiendo comisiones, sí, pero ausentes en el liderazgo de bancadas y en la definición de las agendas estratégicas.

El Informe Sombra 2023, elaborado por la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, pone el dedo en la llaga al señalar los obstáculos que persisten: la falta de perspectiva de género en la toma de decisiones, una cultura institucional machista y patriarcal, y, sobre todo, la violencia política en razón de género. Esta última, un flagelo que se extiende desde las redes sociales hasta las calles, busca silenciar y amedrentar a las mujeres que se atreven a participar en la vida pública.

Las cifras son alarmantes: miles de casos registrados por el Tribunal Electoral durante el proceso 2023-2024, la mayoría en el ámbito municipal. Campañas de difamación digital, amenazas, hostigamiento… un arsenal de agresiones con un objetivo claro: sacar a las mujeres del espacio público o, al menos, confinarlas al silencio. Y a esta violencia se suma la impunidad. La falta de sanciones contundentes envía un mensaje peligroso: agredir políticamente a una mujer sigue saliendo barato.

El Comité de la CEDAW, en su revisión del décimo informe periódico de México, ha sido claro: se necesitan medidas especiales, más allá de las cuotas, para garantizar que las mujeres no solo estén presentes, sino que tengan poder de decisión. Esto implica promover su liderazgo en todos los ámbitos, desde el Poder Judicial hasta los consejos de administración de empresas públicas y privadas, pasando por los municipios y, crucialmente, los espacios económicos.

La inclusión debe ser transversal e interseccional. No podemos hablar de igualdad si dejamos atrás a las mujeres indígenas, rurales, con discapacidad o de la diversidad sexual. Ellas también deben tener voz y voto en las decisiones que afectan sus vidas.

¿Por qué es tan importante que las mujeres lleguen al poder? Porque cuando las mujeres deciden, las prioridades cambian. La agenda política se transforma, se visibilizan problemáticas históricamente ignoradas y se implementan soluciones que benefician a toda la sociedad. Un ejemplo de ello es la iniciativa “3 de 3 contra la violencia”, impulsada por la colectiva Las Constituyentes, un avance significativo que analizaremos en detalle en una próxima entrega, dada su relevancia y los desafíos que aún enfrenta para su plena aplicación.

El reto es mayúsculo: pasar de la presencia a la incidencia, de estar a mandar, pero sobre todo, transformar las estructuras de poder para que sean realmente incluyentes e igualitarias. Como bien lo expresó una integrante de la Red Nacional de Formadoras, "la igualdad no es que nos dejen entrar al edificio, es que nos den las llaves para abrir todas las puertas".

Y esas llaves, lamentablemente, siguen en manos de muy pocos.