La vorágine política en torno a la Reforma Electoral propuesta por la presidenta Sheinbaum ha desatado un intenso debate en el que convergen voces expertas, la sociedad civil y, por supuesto, la clase política. La propuesta, que busca reconfigurar el panorama electoral mexicano, ha puesto sobre la mesa temas cruciales como la reducción de costos, la elección de consejerías y la posible desaparición del sistema de Representación Proporcional. Estos cambios, sin duda, tendrían un impacto profundo en la estructura del INE y en el funcionamiento del sistema de partidos.

El contexto actual, marcado por cuatro elecciones federales y múltiples elecciones locales desde la última reforma en 2014, justifica la necesidad de una revisión del sistema. Sin embargo, la cuestión central reside en determinar qué aspectos requieren modificaciones y, sobre todo, cómo implementarlas sin poner en riesgo la estabilidad democrática. A lo largo de los últimos años, el panorama electoral ha experimentado transformaciones significativas: la paridad de género ha ganado terreno, el INE ha asumido nuevas responsabilidades como la organización de consultas populares y la revocación de mandato, se ha eliminado la reelección consecutiva y se han modificado las atribuciones de la presidencia del INE. Estos cambios, aunque relevantes, no han estado exentos de controversias.

Las decisiones tomadas por el oficialismo, en particular la reducción del presupuesto del INE, han generado preocupación sobre la capacidad del instituto para garantizar elecciones justas y transparentes. La limitación de recursos ha impactado en la instalación de casillas, en los procedimientos de cómputo y en la participación ciudadana en procesos como la elección del Poder Judicial. Ante este escenario, la propuesta de eliminar la representación plurinominal, modificar el financiamiento público de los partidos y retomar propuestas como la eliminación de los OPLEs, genera incertidumbre y despierta resistencias.

El Instituto de Estudios de la Transición Democrática, la sociedad civil y diversos analistas han expresado su preocupación ante las posibles consecuencias de estas medidas. Se argumenta que podrían debilitar el sistema de partidos, limitar la pluralidad política y afectar la representatividad en el Congreso. Frente a la postura del oficialismo, surgen propuestas alternativas que buscan fortalecer la democracia a través de la agilización de los sistemas de votación, una distribución más equitativa del financiamiento público, una mayor rendición de cuentas por parte de los partidos y la revisión de los límites a la sobrerrepresentación.

En este contexto de debate y búsqueda de consensos, la ausencia de propuestas concretas por parte de la oposición resulta preocupante. Siendo los principales afectados por la reforma, su participación activa es fundamental para garantizar que los cambios se realicen en beneficio de la democracia y no respondan únicamente a intereses partidistas. El futuro de nuestro sistema electoral depende de la capacidad de diálogo y construcción de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas. La sociedad civil debe exigir la participación responsable de todos los actores involucrados para lograr una reforma que fortalezca la democracia y garantice elecciones libres, justas y transparentes. La apuesta es alta y el tiempo apremia. El silencio de la oposición no puede ser una opción.

La discusión en torno a la Reforma Electoral debe trascender la polarización política y centrarse en la búsqueda de soluciones que beneficien a la ciudadanía. La participación informada y activa de la sociedad es crucial para garantizar que las decisiones que se tomen reflejen la voluntad popular y contribuyan al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. El futuro de México depende de ello.