El Poder Judicial de la Federación (PJF) se encuentra en un punto muerto, una verdadera encrucijada institucional, a raíz de las maniobras de las ministras Lenia Batres y Loretta Ortiz, quienes han obstaculizado la conformación del Órgano de Administración Judicial. Esta nueva entidad, piedra angular de la Reforma Judicial impulsada por la 4T y paradójicamente promovida por las mismas ministras, será la encargada de gestionar la compleja maquinaria del PJF: un presupuesto anual que ronda los 80 mil millones de pesos, la administración de 50 mil empleados distribuidos entre la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el cada vez más debilitado Consejo de la Judicatura. Imaginen el alcance: desde el control de la Contraloría y la Oficialía Mayor hasta las adquisiciones, licencias y demás áreas operativas, todo lo que hasta el 31 de agosto reside en manos de la actual presidenta Norma Piña, a través de un Comité de Administración.

A escasas semanas del cambio de ministros, concretamente a 39 días, de los cuales 27 son hábiles, este crucial organismo sigue sin integrarse. La reforma estipula la participación de cinco miembros: uno designado por el Ejecutivo, otro por el Legislativo y tres por una mayoría de ocho integrantes de la Corte. Ante esta situación, la presidenta saliente, Norma Piña, intentó aprobar a los tres miembros correspondientes a la Corte en una sesión. Sin embargo, las ministras Batres y Ortiz la acusaron de intentar un "albazo", argumentando que la designación debía recaer en la nueva Corte. El resultado es un vacío de poder, un limbo administrativo. No hay receptor para la administración. Si los ministros entrantes deciden nombrar a los miembros el 1 de septiembre, tendrían que hacerlo después de rendir protesta, programada para las 19:30 horas. Mientras tanto, el PJF se encuentra en una situación de parálisis operativa. No habrá quien pueda siquiera autorizar una fotocopia, mucho menos alguien con la facultad de emitir instrucciones de protocolo, so pena de incurrir en usurpación de funciones. Ni siquiera el futuro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, podrá designar a su secretario o secretaria particular. Su prioridad debería ser resolver esta preocupante situación, en lugar de ocuparse de detalles como el diseño de togas con motivos autóctonos. El panorama pinta complejo y la incertidumbre se cierne sobre el futuro inmediato del Poder Judicial.

Por otro lado, en el ámbito de las telecomunicaciones, TelevisaUnivision ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de saneamiento financiero con el objetivo de impulsar nuevos proyectos en un mercado cada vez más competitivo. En una reciente conferencia con inversionistas, el grupo reportó utilidades netas por 474.5 millones de dólares y, en su segmento de telecomunicaciones, la cifra ascendió a 14 mil 729 millones de pesos. Como parte de esta estrategia, se implementó un programa de retención de usuarios para su servicio de cable y se realizó una exitosa emisión de bonos en el mercado neoyorquino por más de mil 500 millones de dólares, una operación que incluso mereció el reconocimiento público del banco de inversión JP Morgan. Este movimiento estratégico demuestra la capacidad de adaptación y la visión de futuro de la compañía en un entorno mediático en constante transformación.

Finalmente, en el terreno político, fuentes internas de Morena, el partido dirigido por Luisa María Alcalde, descartan la posibilidad de relevar a Adán Augusto López de la coordinación de la bancada en el Senado. La decisión no se basa en un afecto particular hacia el político tabasqueño, sino en una orden directa emanada del "bastón de mando" de Palenque. Esta información, revelada por el periodista Raymundo Sánchez Patlán, deja entrever las dinámicas de poder y las influencias que operan tras bambalinas en el escenario político nacional.