La crisis hídrica en San Luis Potosí se agudiza, dejando a más de 50 colonias sin acceso a agua potable durante casi dos semanas. La desesperación se apodera de los habitantes, quienes se ven obligados a desembolsar hasta 800 pesos por una pipa de agua privada, una cantidad exorbitante que apenas cubre las necesidades básicas de una familia durante tres días. Mientras la población sufre las consecuencias de esta escasez, el gobernador Ricardo Gallardo y el alcalde Enrique Galindo se enfrascan en un nuevo enfrentamiento político, eludiendo su responsabilidad en la gestión de esta emergencia. La Comisión Estatal del Agua (CEA), dirigida por el gobernador, defiende el contrato con la empresa española Aquos El Realito S.A. de C.V., encargada del acueducto El Realito. Por su parte, el alcalde, como presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, denuncia la falta de transparencia en dicho contrato y la ineficacia de la empresa. En medio de este cruce de acusaciones, los más de 845 mil habitantes de la ciudad siguen sin recibir un servicio básico fundamental.

El acueducto El Realito, concesionado en 2009 bajo un esquema público-privado, representa un costo de 9.49 pesos por metro cúbico para el estado. A pesar de que el agua no llega a los hogares, el pago se realiza puntualmente a través de fideicomisos con recursos públicos. Interapas reporta pagos mensuales que alcanzan los 10 millones de pesos, mientras que Aquos acumula más de 200 millones en sanciones pendientes por fallas recurrentes en el servicio. La empresa, filial de la española Aqualia FCC, con participación de ICA y Mitsui, permanece en silencio, sin dar explicaciones a la ciudadanía.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el contrato como “un abuso” y anunció una revisión para su posible cancelación, en conjunto con Conagua y Banobras. El proyecto de la presa Las Escobas se presenta como una alternativa para el futuro, pero aún se encuentra en etapas preliminares. La realidad actual es que los potosinos continúan cargando cubetas, contratando pipas y pagando un precio desproporcionado por un derecho humano fundamental. El agua sigue sin llegar, las autoridades se deslindan de su responsabilidad y la ciudad, una vez más, es rehén de la negligencia y los intereses económicos.

La escena política nacional también se agita con las controversias en las coordinaciones de Morena. Ricardo Monreal, senador zacatecano, fue descubierto en un restaurante de lujo en Madrid, contradiciendo su versión anterior de que no se encontraba en España. La imagen desató críticas dentro de Morena, no tanto por el gasto, sino por la falta de congruencia con el discurso de austeridad del partido. Desde Palacio Nacional, se le recordó que “el poder se ejerce con humildad”, dejando en evidencia la tensión existente. Aunque Monreal ya no ostenta el mismo poder político que en años anteriores, aún coordina la bancada de Morena en San Lázaro. Sin embargo, voces internas señalan que su liderazgo se ha debilitado y su palabra ha perdido peso.

A esta crisis se suma la situación de Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, quien enfrenta cuestionamientos por la actuación de su exsecretario de Seguridad en Tabasco. El caso, que involucra al estado natal del expresidente López Obrador, ha generado polémica y ha debilitado la posición de Adán Augusto. Aunque él niega estar en una posición vulnerable, la realidad es que su apoyo interno se ha visto mermado. Tanto Monreal como Adán Augusto llegan desgastados al inicio del nuevo periodo legislativo el 1 de septiembre, abriendo la puerta a una disputa interna por el control de las coordinaciones.

La desconexión de algunos legisladores con la realidad del país se hace aún más evidente. El senador veracruzano Miguel Ángel Yunes, vinculado a la bancada de Morena, fue visto disfrutando de lujos en un exclusivo club de playa en Italia, gastando miles de euros en champagne y langosta. Mientras las bancadas se tambalean y el país enfrenta diversas crisis, algunos legisladores parecen más preocupados por exhibir sus privilegios que por atender las necesidades de la población. La distancia entre la clase política y la ciudadanía se profundiza, generando un creciente descontento social.