La sombra de la sospecha se cierne sobre Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Senado. El silencio inicial del senador ante el caso Bermúdez Requena, exfuncionario de seguridad tabasqueño con presuntos vínculos con el crimen organizado, ha resonado con la fuerza de un trueno en el escenario político. La tardía respuesta, un comunicado emitido tras el pronunciamiento de Claudia Sheinbaum, deja un regusto amargo y una serie de interrogantes sin resolver. ¿Qué sabía Adán Augusto sobre las actividades de "La Barredora", el grupo criminal al que se vincula a Bermúdez Requena? ¿Su silencio fue una estrategia para contener la crisis o una muestra de desconcierto ante la magnitud del escándalo?

Este escenario, que recuerda inevitablemente el caso García Luna y las acusaciones que salpicaron a Felipe Calderón, se presenta como una oportunidad dorada para la oposición. Sin embargo, el silencio cómplice de los coordinadores del PRI, PAN y MC en el Senado levanta sospechas sobre un posible pacto no escrito. Argumentar receso vacacional para justificar la ausencia de cuestionamientos a López Hernández resulta, cuanto menos, ingenuo. ¿Es creíble que un tema de esta envergadura, con el potencial de impactar en el corazón de la 4T, se postergue por un mes en nombre de las vacaciones? ¿Acaso Morena actuaría con la misma tibieza si la situación fuera a la inversa?

La ironía es palpable: son las voces afines a Morena, periodistas y analistas, quienes han alzado la voz con mayor contundencia, cuestionando la versión de López Hernández, que se asemeja a la estrategia de Calderón: "desconocía los hechos". Esta situación, lejos de beneficiar al morenista, lo coloca en una posición vulnerable, alimentando la percepción de una posible protección desde las altas esferas del poder.

La oposición, mientras tanto, parece desaprovechar una oportunidad invaluable para recuperar terreno y presentarse como una alternativa creíble. Su inacción no solo desperdicia un momento clave, sino que refuerza la imagen de debilidad y falta de liderazgo. ¿Cómo pretenden convencer al electorado si no son capaces de capitalizar un escándalo de esta magnitud? Las urnas, implacables, reflejarán la consecuencia de esta pasividad.

En otro orden de ideas, la ANIPAC, bajo la dirección de Benjamín del Arco, se muestra proactiva en la búsqueda de soluciones para la problemática de la contaminación por plásticos. Su colaboración con la SEMARNAT, liderada por Alicia Bárcena, y la Secretaría de Economía, a cargo de Marcelo Ebrard, es un ejemplo de cómo el sector privado puede contribuir a los objetivos del Plan México. La postura de la ANIPAC, alineada con la visión de la ALIPLAST, presidida por Daniel Mitchell, demuestra un compromiso con un enfoque sistémico y basado en la ciencia para abordar este desafío global.

Finalmente, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, la gestión de Ana María Castro Fernández se ve empañada por señalamientos de corrupción y nepotismo. La compra de terrenos ejidales sin la debida documentación, investigada por la Fiscalía Anticorrupción de Rodrigo Archundia y la Contraloría del Estado de México, a cargo de Hilda Salazar, plantea serias dudas sobre la transparencia de su administración. La posible implicación de su antecesora y cuñada, Elena García Martínez, añade otra capa de complejidad a este caso, que podría derivar en el desplazamiento de familias. La situación en Tultitlán es un recordatorio de la importancia de la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas para combatir la corrupción a nivel local.