La era digital ha llegado a los tribunales, pero la tecnología por sí sola no basta para garantizar una justicia eficiente y transparente. El magistrado Yaopol Pérez Amaya Jiménez, de la Séptima Sala Civil del PJCDMX, ha puesto el dedo en la llaga al afirmar que la implementación de herramientas tecnológicas estipuladas por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) requiere un cambio de mentalidad y una adhesión férrea a los principios éticos que rigen el ejercicio del derecho.

No se trata simplemente de digitalizar expedientes y realizar audiencias a distancia. El verdadero desafío reside en construir la confianza necesaria para que estas herramientas sean aceptadas y utilizadas con la debida diligencia. El magistrado Pérez Amaya Jiménez ilustra esta problemática con la desconfianza que algunos abogados litigantes manifiestan hacia las audiencias virtuales, temiendo, por ejemplo, que los testigos sean “coacheados” fuera de la vista del juez. Es una preocupación legítima que pone de manifiesto la necesidad de adaptar los mecanismos de control y verificación a este nuevo entorno digital.

La solución, según el magistrado, no se encuentra en la tecnología en sí misma, sino en la aplicación rigurosa del principio de contradicción. Este principio, fundamental en cualquier proceso judicial, permite a las partes cuestionar las pruebas presentadas por la contraparte y garantizar así la imparcialidad del juicio. En el contexto de las audiencias virtuales, el juez tiene la facultad de intervenir para advertir a cualquier persona que esté interfiriendo indebidamente en el testimonio de un testigo, asegurando así la integridad del proceso.

Pero más allá de las cuestiones técnicas, el magistrado Pérez Amaya Jiménez hace un llamado a la ética profesional. La lealtad procesal, un principio fundamental que a menudo se pasa por alto, debe ser la piedra angular de la práctica jurídica en la era digital. El abogado, como garante de los derechos de su cliente, tiene la obligación de actuar con honestidad y respeto hacia el tribunal, la contraparte y, por supuesto, hacia la verdad.

La anécdota que relata el magistrado sobre las falsas acusaciones de abuso en casos de derecho familiar es escalofriante. Manipular la verdad para obtener una ventaja procesal no solo es una grave falta ética, sino que puede tener consecuencias devastadoras para las familias involucradas. Este tipo de prácticas desprestigian la profesión legal y erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

Por lo tanto, la implementación exitosa de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial no depende únicamente de la infraestructura y las herramientas disponibles, sino también, y fundamentalmente, de la integridad y el compromiso ético de los operadores jurídicos. La lealtad procesal, la oralidad, la inmediación y todos los principios consagrados en el CNPCyF deben ser el faro que guíe la actuación de los abogados en este nuevo escenario digital. Solo así se podrá garantizar un acceso a la justicia efectivo, transparente y equitativo para todos. La tecnología es una herramienta poderosa, pero su eficacia depende, en última instancia, de la voluntad humana de utilizarla con responsabilidad y apego a los principios éticos que sustentan el Estado de Derecho.