La creciente ola de gentrificación que azota a la Ciudad de México ha vuelto a encender las alarmas. Tras la segunda marcha contra este fenómeno, celebrada el 20 de julio, el debate sobre las soluciones cobra nueva vigencia. Las voces de expertos, políticos y afectados convergen en un punto: la necesidad de acciones contundentes para frenar el desplazamiento forzado y la especulación inmobiliaria. Mientras el reciente Bando Uno se percibe como un primer paso, la demanda por una Ley de Rentas Justas se consolida como el verdadero horizonte de esperanza.

La intervención de Karla Mejía García, especialista de la UNAM, pone el dedo en la llaga al señalar las limitaciones del Bando Uno. Si bien reconoce el valor de regular plataformas como Airbnb, insiste en la necesidad de abordar la problemática de manera integral. La gentrificación, explica Mejía, no se limita al encarecimiento de la vivienda, sino que implica una profunda transformación del tejido social, con consecuencias económicas y políticas. El desplazamiento forzado de comunidades enteras, la ruptura de lazos vecinales y el empoderamiento de intereses inmobiliarios son facetas de un problema complejo que exige soluciones a la altura. La advertencia de la experta es clara: la intervención en el mercado inmobiliario implica enfrentar poderosos intereses económicos, por lo que se requiere una estrategia sólida y una firme voluntad política.

Desde la arena política, Paulo García González, vocero de Morena en el Congreso de la CDMX, anuncia una iniciativa "histórica": la creación de la primera Ley de Rentas Justas en la capital. Esta propuesta, que se construirá a partir del diálogo con la ciudadanía, busca regular el mercado inmobiliario y frenar la especulación. García González enfatiza la necesidad de una intervención estatal para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible. La iniciativa, que se presentará en agosto, se centra en cuatro ejes: la regulación de los precios de renta, la protección de los inquilinos, el fomento de la vivienda social y la creación de un registro público de arrendamientos. El vocero de Morena critica la postura de sectores opositores que, a su juicio, se resisten a la regulación del mercado inmobiliario y defienden una "ley de la selva" en la ciudad.

La voz de los afectados resuena con fuerza en el testimonio de Sergio González Jaricua, vecino de la colonia Juárez. Su experiencia personal ilustra la dramática realidad del desplazamiento forzado. González Jaricua denuncia la especulación inmobiliaria y la falta de medidas eficaces por parte de las autoridades. Su reclamo es contundente: el Bando Uno no aborda la raíz del problema. Los aumentos desproporcionados en las rentas, que en algunos casos han triplicado su valor en los últimos años, son una clara muestra del abuso y la necesidad urgente de una ley que tope los precios. González Jaricua propone la creación de una ley integral que proteja el arraigo vecinal y combata el desplazamiento forzado, los desalojos y los despojos. Su testimonio es un llamado a la acción para que las autoridades tomen medidas concretas y eficaces para frenar la gentrificación y garantizar el derecho a la vivienda para todos. La propuesta de asignar las viviendas construidas o expropiadas mediante sorteo, priorizando a los desplazados, refleja la urgencia de reparar el daño causado y garantizar una distribución justa del espacio urbano.