La sombra de la duda se cierne sobre Pemex. Ocho mil millones de dólares, provenientes de 11 contratos mixtos con empresas privadas, parecen un espejismo en el desierto de una deuda que asfixia a la petrolera. Ciento cuarenta y tres mil millones de pesos, una cifra que apenas alcanza a cubrir un tercio de los 404 mil millones que Pemex adeuda a sus proveedores. El reporte más reciente de la empresa dibuja un panorama sombrío, un escenario donde la insolvencia acecha a más de mil doscientos contratistas y proveedores en el sur de Veracruz y Tabasco. Ciento ochenta y tres empresas ya enfrentan embargos, miles de empleos se desvanecen, economías locales se desploman y la pobreza se extiende como una mancha de aceite. El mismo drama se repite en Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, estados donde la promesa de pago de Pemex se ha convertido en una amarga burla.

Ante este panorama desolador, ¿quién en su sano juicio se atrevería a confiar en Pemex? ¿Qué empresario arriesgaría su capital en contratos mixtos donde las inversiones, al igual que los riesgos, alcanzan cifras multimillonarias? El esquema propuesto, donde Pemex aporta el yacimiento y conserva el 40% de la participación económica, mientras que la empresa privada asume el riesgo financiero de la exploración y explotación, parece un sacrificio en el altar de la soberanía, un concepto rancio que una vez más se deja de lado en la búsqueda desesperada de capital.

Es innegable que la industria petrolera mexicana necesita la inversión privada como el aire para respirar. Sin embargo, no podemos ignorar la otra cara de la moneda: de las empresas interesadas en los 11 contratos, solo una cuenta con la capacidad técnica y financiera públicamente reconocida para afrontar semejante desafío. ¿Se está realizando un proceso de selección riguroso y transparente? ¿O estamos ante una nueva entrega a la improvisación y la opacidad? La planificación y la estrategia deben ser meticulosas, porque ya hemos visto esta película antes, y su final fue desastroso.

Recordemos el caso de Chicontepec, en la huasteca baja de Veracruz, durante la administración calderonista. Un proyecto plagado de corrupción e ineficiencia, donde el costo de extraer un barril de petróleo se disparó a 400 dólares, mientras que su precio de venta apenas alcanzaba los 130. La promesa de producir 500 mil barriles diarios se quedó en un magro pico de 70 mil, según los registros de la entonces Comisión Nacional de Hidrocarburos. Más de 48 mil millones de pesos se esfumaron en los bolsillos de empresas que no generaron empleos ni bienestar para la región, ni contribuyeron a los ingresos públicos.

Si bien en esta ocasión Pemex no desembolsará capital directamente, un plan mal trazado podría resultar en una nula producción y ganancias inexistentes, agravando aún más la precaria situación de la petrolera. Además, es crucial evaluar minuciosamente el impacto ambiental de cada proyecto. El fracking, por ejemplo, una técnica que implica fracturar terrenos rocosos con agua a presión, arena y aditivos químicos, no está prohibido. ¿Existen protocolos y procedimientos para mitigar los diversos tipos de contaminación que esta técnica genera? ¿O estamos dispuestos a sacrificar el medio ambiente en el altar de la rentabilidad?

La complejidad de la situación exige un análisis profundo y multifacético. No podemos permitirnos repetir los errores del pasado. La transparencia, la eficiencia y la responsabilidad ambiental deben ser los pilares de cualquier proyecto que pretenda rescatar a Pemex del abismo en el que se encuentra. El futuro de la industria petrolera mexicana, y en gran medida del país, depende de ello.