La sombra de la duda se cierne sobre Pemex. Ocho mil millones de dólares, provenientes de 11 contratos mixtos con empresas privadas, parecen un espejismo en el desierto de una deuda que asfixia a la petrolera. Ciento cuarenta y tres mil millones de pesos, una cifra que apenas roza la superficie de los 404 mil millones que Pemex adeuda a sus proveedores. El reporte más reciente de la empresa estatal pinta un panorama desolador, un grito silencioso de auxilio que resuena desde las entrañas de una industria en crisis.

En el sur de Veracruz y Tabasco, la angustia se palpa en el aire. Mil doscientos contratistas y proveedores, al borde del precipicio financiero, observan con impotencia cómo la falta de pago de Pemex los empuja hacia la insolvencia. Ciento ochenta y tres de ellos ya enfrentan la amargura de los embargos, una herida que sangra empleos perdidos, economías locales colapsadas y un empobrecimiento que se extiende como una mancha de aceite. El drama se repite en Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas, estados que comparten el mismo infortunio: una deuda contraída por Pemex con la certeza, casi obscena, de la imposibilidad de pago.

Ante este escenario, la pregunta surge inevitable: ¿puede el sector privado confiar en Pemex? ¿Es viable invertir millones en contratos mixtos, asumiendo riesgos colosales, cuando la contraparte se tambalea al borde del abismo? La propuesta de la petrolera –aportar un yacimiento y conservar el 40% de la participación económica, mientras la empresa privada asume el riesgo financiero de la exploración y explotación– parece un eco del pasado, un sacrificio más en el altar de la soberanía.

Es innegable que la industria petrolera necesita la inversión privada como el aire para respirar. Sin embargo, la otra cara de la moneda también exige un análisis profundo. De las empresas interesadas en los 11 contratos, solo una cuenta con la capacidad técnica y financiera para afrontar semejante desafío. ¿Se está realizando un proceso de selección riguroso? ¿O la desesperación está nublando el juicio? La planificación y la estrategia deben ser impecables, pues ya hemos presenciado el desastre que resulta de una gestión deficiente.

El caso de Chicontepec, en la huasteca baja de Veracruz, durante el gobierno de Calderón, es una cicatriz que aún supura. La corrupción y la pésima ejecución del proyecto elevaron el costo de extracción de un barril de petróleo a la astronómica cifra de 400 dólares, mientras su precio de venta apenas alcanzaba los 130. El ambicioso plan de producir 500 mil barriles diarios se estrelló contra la realidad, alcanzando un pico máximo de 70 mil, según los registros de la entonces Comisión Nacional de Hidrocarburos. Millones de pesos se esfumaron en los bolsillos de empresas que no generaron ni empleos, ni bienestar para la región, ni ingresos para el país.

Si bien en esta ocasión Pemex no desembolsará capital, un plan mal diseñado podría conducir a la ausencia total de producción y ganancias, agravando aún más la situación de la petrolera. Además, el impacto ambiental de cada proyecto debe ser escrupulosamente evaluado. El fracking, por ejemplo, una técnica que fractura terrenos rocosos con agua a presión, arena y aditivos químicos, no está prohibido. ¿Existen protocolos y procedimientos para mitigar los devastadores efectos de la contaminación que esta técnica genera?

La complejidad del problema es abrumadora, un laberinto de desafíos que exige una minuciosa atención en todos los frentes. La viabilidad de Pemex, la confianza del sector privado y la salud de nuestro entorno dependen de ello.