La lucha contra la desaparición de personas en México ha dado un paso crucial con la reafirmación del compromiso de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, de trabajar codo a codo con las víctimas, tanto directas como indirectas. En una rueda de prensa que resonó con la voz de más de 450 colectivos, se presentaron los avances en la implementación de la Ley General en Materia de Búsqueda de Personas. La participación activa de estos colectivos, que aportaron 570 propuestas legislativas y de política pública, es un testimonio del poder de la colaboración y la búsqueda conjunta de soluciones.

El dolor de la ausencia, la incertidumbre que corroe el alma de quienes han perdido a un ser querido, no es ajeno al gobierno. Rodríguez enfatizó la importancia de acompañar a las víctimas en este doloroso camino, no con promesas vacías, sino con la firme convicción de cumplir con la obligación que tienen todas las instituciones del país. Este compromiso se traduce en acciones concretas, en un diálogo transparente y abierto, como el establecido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha priorizado este tema e impulsado la reforma de la Ley en Materia de Desaparición.

La iniciativa de reforma, un faro de esperanza en la oscuridad de la incertidumbre, contempla la creación de una Plataforma Única de Identidad, que integrará la CURP con huella y fotografía desde la infancia. Esta herramienta, junto con la Alerta Nacional de Búsqueda de activación inmediata en todo el país, obligará la participación de autoridades y entidades tanto públicas como privadas en la búsqueda de personas desaparecidas.

La Base Nacional de Carpetas de Investigación, con un registro único actualizado en tiempo real por las fiscalías especializadas y operado por la Fiscalía General de la República, será otro pilar fundamental en este proceso. La interconexión de los sistemas y registros de las autoridades de los tres niveles de gobierno con la Plataforma Única de Identidad, así como la habilitación de servicios gratuitos de consulta y acceso en tiempo real a archivos y bases biométricas por parte de laboratorios, funerarias y hospitales, son medidas que prometen agilizar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

El fortalecimiento institucional de las fiscalías, con unidades de análisis de contexto, áreas de búsqueda inmediata y de larga data, es crucial para una respuesta eficaz. El inicio inmediato de las investigaciones y la activación de acciones conjuntas entre fiscalías especializadas y la Comisión Nacional de Búsqueda, junto con la capacitación continua del personal ministerial, policial y pericial, son pasos firmes hacia la justicia y la verdad.

En un esfuerzo por comprender a fondo las necesidades de las víctimas, se han llevado a cabo 90 mesas de diálogo en los últimos meses. Estos espacios de encuentro, donde participan 17 dependencias internas y externas del Gobierno de México, incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, han permitido identificar áreas de oportunidad y fortalecer la coordinación interinstitucional.

Las 570 propuestas legislativas y de política pública, recopiladas a partir de la participación de más de 450 colectivos y familias, se han condensado en 30 propuestas generales que se integrarán al texto de la iniciativa de reforma. Entre estas propuestas destacan la emisión de un protocolo claro para activar la Alerta Nacional de Búsqueda, el reconocimiento de la familia social, la protección de datos personales, la incorporación de autoridades y servicios para la consulta de bases de datos, y la garantía de un trato digno para los restos humanos.

El bienestar integral de las familias, especialmente de los hijos de personas desaparecidas, es una prioridad. Se busca brindar protección a los huérfanos y a las familias, así como sensibilizar a la población en general para prevenir factores de riesgo. La aprobación de la ley es solo el primer paso. El trabajo continúa con la armonización de instrumentos normativos y el diseño de una política pública integral que aborde la problemática de la desaparición de personas de manera efectiva y con un profundo compromiso. El camino es largo y complejo, pero la voluntad de trabajar juntos, gobierno y sociedad civil, es la luz que guía la búsqueda de la verdad, la justicia y la paz.