La tranquilidad de Baja California Sur se ha visto perturbada por una serie de inquietantes hallazgos. Entre abril y julio de 2025, un total de 46 narcomantas han aparecido en distintos puntos de la entidad, sembrando la zozobra entre la ciudadanía y poniendo en alerta a las autoridades. Lo más alarmante, sin embargo, es la reciente revelación del Procurador Antonio López: vehículos oficiales del Gobierno del Estado han sido utilizados para la colocación de estos mensajes intimidatorios.

Esta noticia ha generado una ola de indignación y desconcierto. La imagen de vehículos, destinados a servir a la comunidad, siendo empleados para fines tan oscuros, es un duro golpe a la confianza en las instituciones. El Procurador López, en una rueda de prensa que mantuvo en vilo a la población sudcaliforniana, confirmó que las cámaras de seguridad del C4 captaron a los vehículos oficiales en los lugares exactos donde posteriormente aparecieron las narcomantas. Esta evidencia irrefutable ha desatado una serie de interrogantes que exigen respuestas inmediatas.

La investigación, abierta de manera urgente, ha llevado a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Según la información proporcionada por el Procurador, el responsable del manejo de las unidades implicadas es Raúl “N”, Director de Recursos Materiales de dicha Comisión. Este funcionario se encuentra actualmente bajo investigación, tratando de esclarecer su participación en estos hechos. Los vehículos identificados son un sedan gris, una camioneta para pasajeros blanca y una pick up, también blanca. La descripción detallada de estos vehículos, difundida por las autoridades, busca la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ser relevante para la investigación.

El Procurador López no ha escatimado en detalles sobre la gravedad de la situación. "Vehículos del gobierno del Estado fueron utilizados para la instalación de las mantas y tal persona tenía esos vehículos y probablemente él los instaló u organizó la instalación”, declaró con firmeza. Estas palabras, contundentes y directas, reflejan la determinación de las autoridades para llegar al fondo de este asunto y deslindar responsabilidades.

Más allá de la indignación inicial, este caso plantea una serie de preocupantes interrogantes. ¿Cómo es posible que vehículos oficiales sean utilizados para fines ilícitos? ¿Qué nivel de infiltración del crimen organizado existe en las instituciones gubernamentales? ¿Qué garantías de seguridad tiene la población si quienes deben protegerla están involucrados en actividades delictivas?

La investigación en curso deberá responder a estas preguntas y, sobre todo, llevar ante la justicia a los responsables. El futuro de Baja California Sur depende de la capacidad de sus instituciones para combatir la corrupción y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La transparencia en este proceso será fundamental para recuperar la confianza perdida y enviar un mensaje claro: la impunidad no tiene cabida en este estado.

Mientras tanto, la ciudadanía permanece a la espera de respuestas, con la esperanza de que este escándalo sea el punto de partida para una profunda depuración de las instituciones y un renovado compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los sudcalifornianos. El caso de las narcomantas y los vehículos oficiales es una llamada de atención que no puede ser ignorada. Es el momento de actuar con firmeza y determinación para proteger el futuro de Baja California Sur.