En México, la atención pública a menudo se asemeja a un juego de espejos, donde los reflejos distorsionados magnifican ciertas cuestiones mientras ocultan otras bajo un manto de opacidad. Mientras la alcaldía Cuauhtémoc se convierte en el epicentro de un debate sobre estatuas y simbolismos, la compleja trama de corrupción tejida en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López Hernández permanece, en gran medida, inexplorada. ¿Es acaso más importante discutir el significado de una escultura que desentrañar las redes de protección a grupos criminales que presuntamente operaron bajo la sombra del exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena? La respuesta, por obvia que parezca, se pierde en la maraña de intereses políticos y en la habilidad de ciertos actores para desviar la atención.

La estrategia de la distracción se perfecciona desde las altas esferas del poder. La propuesta de Morena en la Cámara de Diputados para crear una comisión especial que investigue el “Cártel Inmobiliario” en la CDMX, mientras se ignora la necesidad de una investigación exhaustiva sobre la corrupción en Tabasco, es un claro ejemplo de ello. ¿Cuántas comisiones más se crearán para simular una lucha contra la corrupción que, en realidad, se limita a perseguir a los adversarios políticos mientras se protege a los propios? La justicia no puede ser un instrumento al servicio de la venganza política, sino un mecanismo imparcial que busque la verdad y la reparación del daño, independientemente de las afiliaciones partidistas.

Si se va a investigar el “Cártel Inmobiliario” con la minuciosidad que el caso amerita, también se debe aplicar el mismo rigor a la investigación de las redes de corrupción que operaron en Tabasco, incluso si el exgobernador insiste en desconocer su existencia. La opacidad y la negación no pueden ser escudos protectores contra la rendición de cuentas.

Morena, como partido en el poder, tiene la responsabilidad de mirar hacia adentro y reconocer las problemáticas que corroen sus filas. Desde la regidora Mía del Carmen Aguilar, de La Paz, BCS, quien exhibe su admiración por el Chapo Guzmán, hasta la funcionaria de Celaya que amenazó con “desaparecer” a un ciudadano por una suma irrisoria, pasando por el exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien enfrenta investigaciones por presunto abuso sexual y manejo irregular de recursos públicos, los ejemplos de conductas reprobables se acumulan. Estos casos no pueden ser ignorados o minimizados. Exigen una respuesta contundente por parte del partido.

La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva ni estar sujeta a los vaivenes de la política. Las investigaciones deben realizarse con imparcialidad, buscando la verdad y la justicia, sin importar las consecuencias políticas. La creación de comisiones especiales no debe ser una moneda de cambio para desviar la atención de los verdaderos problemas, sino un mecanismo para profundizar en las investigaciones y asegurar que los responsables rindan cuentas. La justicia debe reflejarse en el bienestar de la gente, no en la protección de figuras políticas o en la perpetuación de la impunidad. El país necesita una justicia real, no simulacros ni cortinas de humo.