La reciente detención del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, ha puesto en el ojo del huracán la efectividad de los productos de inteligencia generados bajo la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública. El caso ilustra cómo la información, incluso proveniente de instancias como el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI), puede ser insuficiente para sustentar una acusación formal, quedando relegada al ámbito de los indicios y las pistas. La vinculación de Bermúdez Requena con un presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como "El Fantasma", ejemplifica esta problemática. Si bien la información recabada por el CERFI apuntaba hacia una posible conexión con actividades ilícitas, la falta de solidez probatoria impidió que se tradujera en una acción legal contundente.

Esta situación nos lleva a cuestionar la eficacia real de los mecanismos de inteligencia. La justificación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para no alertar a las autoridades estatales, argumentando la falta de comprobación de los hechos, revela una preocupante brecha entre la recopilación de datos y su transformación en productos de inteligencia accionables. La inteligencia, en teoría, debería servir para prevenir delitos, pero en este caso, parece haberse limitado a la acumulación de información "cruda", como lo demuestran los documentos filtrados por "Guacamaya Leaks". Estos datos, si bien relevantes, no alcanzan el nivel de prueba requerido para fundamentar una acusación.

La apertura de la Carpeta de Investigación contra Bermúdez Requena, impulsada por el nuevo gobernador de Tabasco, se basó en indicios periodísticos e información local, lo que refuerza la idea de que la inteligencia, si bien aporta certezas para la toma de decisiones, no sustituye la labor del Ministerio Público (MP). El MP, conforme al Artículo 21 Constitucional, es el único facultado para dirigir la investigación y perseguir el delito. Las demás instancias, incluyendo policías y peritos, actúan como auxiliares del MP. La nueva ley de investigación e inteligencia no altera esta jerarquía fundamental.

Es importante destacar que el sistema judicial sanciona hechos tipificados como delitos, no relaciones personales. La presunta conexión de Bermúdez Requena con individuos vinculados a la delincuencia, por sí sola, no constituye un delito. La orden de aprehensión girada en su contra se basa en acusaciones de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, delitos del fuero común, aunque el secuestro también puede ser perseguido a nivel federal por su vinculación con la delincuencia organizada.

Finalmente, la posibilidad de que la información divulgada tras la conferencia matutina del presidente se convierta en prueba, añade otra capa de complejidad al caso. El amparo otorgado por un juez de Baja California suspende provisionalmente cualquier acción legal en contra de Bermúdez Requena, a la espera de la audiencia correspondiente. Este giro en los acontecimientos subraya la importancia de distinguir entre indicios, pistas y pruebas, y la necesidad de respetar el debido proceso. El caso Bermúdez Requena se convierte así en un paradigma de los desafíos que enfrenta el sistema de justicia mexicano en la era de la información.