La captura de Arturo Antonio “N” en Mérida, Yucatán, tras una intensa búsqueda interestatal e internacional, marca un hito en la lucha contra la violencia de género en Quintana Roo. No se trata solo de la aprehensión de un individuo, sino de un mensaje contundente a la sociedad: la impunidad no tiene cabida en nuestro estado. La Fiscalía General del Estado, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, ha demostrado la eficacia de la cooperación interinstitucional, logrando la detención de este sujeto acusado de violación, violencia familiar y tentativa de feminicidio. Recordemos que la víctima, quien mantuvo una relación sentimental con el agresor durante tres años, sufrió un escalofriante episodio de violencia en una discoteca de Cancún en noviembre de 2024. Imaginen la angustia y el terror que debió experimentar al ser golpeada y asfixiada por quien se suponía que la amaba. Este acto de brutalidad, sin embargo, fue solo el preludio de una pesadilla aún mayor.

La denuncia interpuesta por la víctima activó todos los protocolos de atención integral de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género. Se le brindó apoyo psicológico, se iniciaron las investigaciones pertinentes y se implementaron medidas de protección para garantizar su seguridad. Sin embargo, la sombra del agresor volvió a cernirse sobre ella siete meses después, irrumpiendo violentamente en su domicilio para consumar un acto deleznable: la violación.

La perseverancia de la Fiscalía, que activó mecanismos de colaboración con las 31 entidades federativas e incluso solicitó la intervención de la INTERPOL, fue crucial para dar con el paradero de Arturo Antonio “N”. La emisión de una ficha roja y alertas migratorias a nivel internacional dejaban claro que no habría escapatoria para el presunto culpable. El cateo realizado en su domicilio en Benito Juárez fue una pieza más en el complejo rompecabezas de la investigación.

Esta captura no es un caso aislado, sino el reflejo de un esfuerzo sostenido por parte de la Fiscalía General del Estado para combatir la violencia de género. Las 337 sentencias condenatorias obtenidas en los últimos dos años por delitos como violación, abuso sexual, feminicidio y violencia familiar, con penas que llegan hasta los 140 años de prisión, hablan por sí solas. Son la prueba tangible del compromiso inquebrantable de la institución con la justicia y la protección de las mujeres. Las palabras del Fiscal General, Raciel López Salazar, resuenan con fuerza: “No podíamos permitir que este tipo de delitos quedaran impunes”. Una declaración que trasmite la firme determinación de no ceder ni un ápice en la lucha contra la violencia de género. La justicia no solo se busca, se construye día a día, con cada investigación, con cada sentencia, con cada acto que reafirma el compromiso con las víctimas y con una sociedad libre de violencia.

El caso de Arturo Antonio "N" es un recordatorio de la importancia de la denuncia y de la colaboración ciudadana para erradicar la violencia de género. Es un llamado a la reflexión sobre la necesidad de construir una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres puedan vivir sin miedo y con la plena garantía de sus derechos.