La realidad que enfrentan nuestros adolescentes es un grito silencioso que resuena en las estadísticas, un llamado urgente a la acción que no podemos ignorar. El Cuaderno 30 del INEGI nos muestra una fotografía desoladora: jóvenes atrapados en un ciclo de desventajas, donde la falta de oportunidades se traduce en conflicto con la ley. No se trata simplemente de cifras, sino de vidas truncadas, de futuros hipotecados por un sistema que falla en proteger a quienes más lo necesitan.

Es alarmante la deserción escolar que se agudiza conforme los adolescentes crecen. Dejar la escuela no es una decisión aislada, sino la consecuencia de una serie de factores que los empujan a la marginación. La escuela, además de impartir conocimientos, debe ser un refugio, un espacio de contención donde se sientan seguros y acompañados. Al abandonarla, quedan expuestos a un sinfín de riesgos: trabajo infantil, violencia, reclutamiento por el crimen organizado y un vacío institucional que los deja a la deriva. A esto se suma la amenaza del ciberacoso, un peligro latente en el mundo digital que afecta especialmente a las mujeres.

La pobreza multidimensional, la marginación y la falta de atención a la salud mental son las raíces profundas de este problema. Estos jóvenes no son delincuentes por naturaleza, sino víctimas de un sistema que los abandona a su suerte. Y la tragedia se perpetúa incluso dentro del sistema de justicia, donde la falta de acceso a la educación reproduce la misma exclusión que se supone debería combatir. ¿Cómo podemos hablar de reinserción social si les negamos las herramientas básicas para construir un futuro diferente?

No podemos seguir mirando hacia otro lado. Es imperativo fortalecer el sistema educativo, no debilitarlo. Debemos garantizar trayectorias escolares completas, invertir en apoyo socioemocional, crear entornos seguros y brindar oportunidades reales. La justicia no se limita a castigar, sino a prevenir, a proteger, a tender una mano a quienes tropiezan.

La responsabilidad no recae únicamente en los adolescentes, sino en un Estado que debe garantizar sus derechos fundamentales. Si realmente creemos que las adolescencias importan, nuestras acciones deben demostrarlo. La justicia comienza mucho antes de una sentencia: comienza con una puerta abierta en la escuela, con un sistema educativo que cuida y un Estado presente que no los abandona a su suerte. Es hora de dejar de llegar tarde y empezar a construir un futuro donde cada joven tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. La indiferencia no es una opción, el futuro de nuestros jóvenes está en juego.

La brecha digital también juega un papel crucial en esta problemática. La falta de acceso a internet y a dispositivos tecnológicos limita las oportunidades educativas y de desarrollo de muchos adolescentes, incrementando la desigualdad y la exclusión. Es fundamental implementar políticas públicas que garanticen el acceso equitativo a la tecnología y que brinden las herramientas necesarias para navegar en el mundo digital de forma segura y responsable.

Además, es necesario abordar la problemática de la salud mental en los adolescentes. La ansiedad, la depresión y otros trastornos son factores que influyen en su desempeño académico, en sus relaciones interpersonales y en su bienestar general. Es crucial fortalecer los servicios de salud mental en las escuelas y en las comunidades, brindar apoyo psicológico y promover la prevención del suicidio.

La reinserción social de los adolescentes que han estado en conflicto con la ley es otro aspecto fundamental. Es necesario implementar programas de capacitación laboral, de apoyo psicosocial y de seguimiento para facilitar su reintegración a la sociedad. No podemos condenarlos a un futuro de marginación, debemos brindarles las herramientas necesarias para que puedan construir una vida digna y productiva.