El encontronazo entre Carolina Viggiano, senadora del PRI, y Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados, sobre el caso Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, ha desatado una tormenta política. Viggiano acusa a Morena de inacción cómplice, afirmando que el caso Bermúdez, presuntamente ligado al grupo criminal "La Barredora", era vox populi desde hace años. La senadora priista va más allá, implicando al senador Adán Augusto, exsecretario de Gobernación, al asegurar que su estrategia de seguridad fue un rotundo fracaso y que permitió el florecimiento de la delincuencia en el sureste. Según Viggiano, Bermúdez tejió una red de poder que se extendía hasta los megaproyectos del Tren Maya y la refinería Dos Bocas, manejando negocios ilícitos que incluían huachicol, extorsión y la explotación de migrantes. Para la senadora, la inacción del gobierno no solo es negligencia, sino un intento deliberado de proteger a figuras políticas involucradas. La estrategia de "abrazos, no balazos" del presidente, según Viggiano, ha sido un caldo de cultivo para la impunidad, permitiendo que los delincuentes operen sin temor a represalias. La hipocresía, según la senadora priista, es evidente en la narrativa de Morena de ser "diferentes", cuando en realidad, gobernadores acusados de delitos son premiados con embajadas, mientras que figuras del PRI han sido encarceladas por su propio partido.

Ávila, por su parte, defiende la actuación de Morena, argumentando que, a diferencia de gobiernos anteriores del PRI, no se ha intentado encubrir el caso. Insiste en que la información se difundió tan pronto como el Ejército Mexicano aportó elementos para la detención de Bermúdez. Ávila dibuja un contraste con la supuesta práctica del PRI de silenciar escándalos, evocando la imagen de un presidente en contubernio con gobernadores amigos para manipular a la justicia. El vocero morenista enfatiza el compromiso de su partido con la investigación exhaustiva de cualquier político señalado por corrupción, siempre y cuando existan pruebas, advirtiendo contra el peligro del linchamiento mediático sin fundamento. Incluso, se presenta a sí mismo como víctima de estas prácticas.

Ante la defensa de Ávila, Viggiano contraataca con una acusación aún más incendiaria: Morena no persigue a Bermúdez por un genuino interés en la justicia, sino por una lucha de poder interna entre el actual gobernador de Tabasco y el grupo político de Adán Augusto. La senadora insiste en que la orden de aprehensión contra Bermúdez, emitida después de su salida del país, fue una advertencia para silenciarlo y evitar que involucre a otras figuras políticas. Según Viggiano, la evidencia contra Bermúdez, incluyendo testimonios militares, existe desde hace años, pero la inacción de Morena revela una complicidad que ahora intenta ocultar.

Ávila, en respuesta, reitera la postura oficial: cualquier funcionario, desde un secretario de seguridad hasta un gobernador, será investigado si existen pruebas contundentes de delitos. Insiste en la diferencia entre Morena y los gobiernos anteriores, comprometiéndose a perseguir a cualquier persona vinculada al narcotráfico. El intercambio de acusaciones entre Viggiano y Ávila deja en el aire interrogantes cruciales: ¿es la detención de Bermúdez un acto de justicia o una maniobra política? ¿Qué tan profundas son las conexiones del exsecretario de Seguridad con el poder político y el crimen organizado? La batalla política y judicial apenas comienza, y las repercusiones de este caso podrían sacudir los cimientos del poder en Tabasco y más allá.