La esperanza renace en Zacatecas. Cerca de 300 familias han podido, por fin, dar sepultura a sus seres queridos, gracias a un programa impulsado por la Fiscalía del Estado. Imaginen el dolor de la incertidumbre, la angustia de no saber el destino de un hijo, un hermano, un padre. Por años, estos cuerpos permanecieron en el anonimato, fríos números en las estadísticas del Servicio Médico Forense (Semefo). Ahora, nombres y rostros recuperan su identidad, un bálsamo para el alma de quienes los buscaban incansablemente.

Este logro no es casualidad, es el resultado de un esfuerzo titánico por parte de las autoridades. El Semefo, con sus dos panteones forenses, tres cámaras frías y una osteoteca –un espacio dedicado a resguardar restos óseos–, se ha convertido en un símbolo de esta lucha contra el olvido. La osteoteca, según Rubí Sánchez, directora general de Servicios Periciales, alberga los casos más antiguos, algunos desde el 2004. El tiempo, el principal enemigo en la identificación, no ha logrado borrar las huellas de estas vidas truncadas. La perseverancia de los peritos, su dedicación y compromiso con la verdad, han logrado lo que parecía imposible: devolver la dignidad a quienes la perdieron.

El Fiscal del Estado, Cristian Camacho, ha sido claro: la prioridad es identificar y entregar los cuerpos a sus familias. No se trata solo de un procedimiento legal, es un acto de justicia, de humanidad. En Zacatecas, se ha entendido la profunda necesidad de cerrar este ciclo de dolor. El cambio de paradigma es evidente: ya no son las madres buscadoras las que recorren las morgues con la esperanza de reconocer un rostro entre los cuerpos sin nombre. Ahora, son los agentes los que buscan a las familias, les llevan la noticia, les ofrecen apoyo. Un cambio que refleja la sensibilidad y la empatía con el sufrimiento de estas familias.

Javier Fernández, cuyo hermano desapareció hace seis años, es testimonio de esta nueva realidad. Las autoridades lo encontraron, le dieron la noticia y le brindaron apoyo moral y económico. Una muestra de que la justicia no se limita a la identificación, sino que se extiende al acompañamiento, a la comprensión de las necesidades de quienes han pasado por esta terrible experiencia.

El programa ha trascendido las fronteras estatales. El 65% de los cuerpos identificados pertenecen a personas originarias de otras entidades del país. Gracias a convenios con las fiscalías locales, se ha logrado contactar a sus familias y brindarles el apoyo necesario para la repatriación de los restos. Zacatecas se convierte así en un referente nacional en la atención a la crisis forense. Su laboratorio, recientemente acreditado, no solo realiza la identificación de cuerpos, sino que también toma muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas, un proceso costoso pero fundamental para avanzar en la búsqueda de la verdad.

Los colectivos de búsqueda, como el de Madres Buscadoras de Zacatecas, reconocen y valoran el esfuerzo de las autoridades, aunque señalan que aún queda mucho por hacer. Muchas familias aún no cuentan con un perfil genético, lo que dificulta el cotejo con los restos encontrados. La colaboración entre autoridades y colectivos es esencial para superar este obstáculo y continuar el camino hacia la justicia y la reparación del daño. La tarea es ardua, pero la esperanza se mantiene viva. Cada cuerpo identificado, cada nombre recuperado, es una victoria en la lucha contra la impunidad y el olvido.