La desaparición de personas, una herida abierta en el tejido social de México, exige acciones contundentes y coordinadas. Más allá de las frías estadísticas, cada cifra representa una historia truncada, una familia sumida en la angustia y la incertidumbre. Por ello, la puesta en marcha de las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas no es solo un trámite burocrático, sino una respuesta a un clamor social que resuena con fuerza en cada rincón del país.

La iniciativa, impulsada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se presenta como un paso firme hacia la construcción de un sistema más eficaz y humano para abordar esta problemática. La participación activa de más de 450 colectivos y familias, a través de 570 propuestas, demuestra la importancia de escuchar las voces de quienes han vivido en carne propia el dolor de la ausencia. Estas voces, cargadas de experiencia y dolor, se convierten en la brújula que guía el diseño de políticas públicas verdaderamente efectivas.

Los cinco ejes de trabajo –búsqueda y seguridad, identificación humana forense, bases de datos y sistemas de información, bienestar y prevención– abarcan un espectro integral de la problemática, desde la inmediatez de la búsqueda hasta la atención a las familias y la prevención de futuros casos. La sensibilización de la población, un aspecto crucial muchas veces olvidado, se erige como un pilar fundamental para construir una sociedad más empática y comprometida con la prevención de las desapariciones.

La complejidad del tema exige una colaboración interinstitucional sin precedentes. La participación de 17 dependencias, tanto internas como externas al Gobierno de México, incluyendo organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, refleja la magnitud del desafío y la voluntad de abordarlo con la seriedad que merece. Esta sinergia de esfuerzos es esencial para romper los silos institucionales y garantizar una respuesta coordinada y eficiente.

El camino por recorrer es largo y está lleno de retos. La armonización de los instrumentos normativos, la implementación efectiva de las reformas y la constante evaluación de los resultados son tareas impostergables. La lucha contra la desaparición de personas requiere un compromiso sostenido, no solo de las instituciones, sino de toda la sociedad. Es una tarea que nos interpela a todos, a construir un país donde la vida y la dignidad de cada persona sean respetadas y protegidas.

La esperanza reside en la convicción de que, trabajando juntos, podemos transformar el dolor en acción y la incertidumbre en respuestas. Cada persona desaparecida es una ausencia que nos duele, una historia que debemos reconstruir. Las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas son un paso importante en esa dirección, un paso que nos acerca a un futuro donde la esperanza de encontrar a los desaparecidos se convierta en una realidad tangible.