La extorsión, una sombra que se cierne sobre México, amenazando la tranquilidad de familias, comerciantes y emprendedores, finalmente encuentra una respuesta contundente en la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La reforma al artículo 73 constitucional, para dotar al Congreso de la facultad de crear una Ley General contra la Extorsión, no es solo un cambio legislativo, es una declaración de guerra contra la impunidad y un compromiso inquebrantable con la seguridad de todos los mexicanos. Imaginen un país donde el miedo no dicte las decisiones, donde los negocios puedan prosperar sin la amenaza constante de la extorsión, donde las familias puedan vivir en paz. Esa es la visión que impulsa esta reforma, una visión que busca no solo castigar a los culpables, sino también prevenir el delito y brindar apoyo integral a las víctimas.

Las cifras son alarmantes, el incremento del 57.62% en los casos de extorsión entre 2018 y 2025 nos muestra la urgencia de actuar. Ya no podemos permitir que este delito siga carcomiendo el tejido social, quebrando la economía de las familias y sembrando el terror en nuestras comunidades. La propuesta de la Presidenta Sheinbaum Pardo es un bálsamo de esperanza, una luz al final del túnel que nos guía hacia un futuro más seguro.

La homologación de la ley a nivel nacional, uno de los pilares de esta reforma, es crucial. No podemos seguir permitiendo que la disparidad en las leyes estatales dificulte la persecución de este delito. Con una Ley General, las autoridades tendrán las herramientas necesarias para perseguir y castigar a los extorsionadores, sin importar en qué rincón del país se encuentren. Además, la incorporación de tecnología e inteligencia en la investigación, junto con la capacitación especializada del personal, nos permitirá estar un paso adelante de los criminales, anticipándonos a sus tácticas y desmantelando sus redes de operación.

Pero esta iniciativa no se limita a la persecución del delito, también pone un fuerte énfasis en la prevención y la atención a las víctimas. Se trata de un enfoque integral que busca no solo castigar a los responsables, sino también proteger a los ciudadanos, brindarles el apoyo psicológico y legal que necesitan para superar el trauma de la extorsión y reconstruir sus vidas.

El plazo de 180 días para que el Congreso expida la Ley General contra la Extorsión demuestra la seriedad y el compromiso de la Presidenta Sheinbaum Pardo con este tema. Es un llamado a la acción, una invitación a todos los legisladores a trabajar juntos para construir un México más seguro. Esta no es una lucha partidista, es una lucha por el bienestar de todos los mexicanos, una lucha que debemos ganar juntos. La aprobación de esta reforma será un triunfo para la justicia, un paso firme hacia la construcción de un país donde la paz y la seguridad sean una realidad para todos. Es momento de unirnos, de alzar la voz y decir ¡basta a la extorsión! El futuro de México está en nuestras manos.