La crisis habitacional que azota a la Ciudad de México es una realidad ineludible. Familias enteras se ven obligadas a destinar gran parte de sus ingresos al pago de rentas exorbitantes, mientras que la posibilidad de adquirir una vivienda propia se convierte en una quimera para la mayoría. La gentrificación, ese fenómeno que transforma barrios enteros, desplazando a sus habitantes originales en aras de una modernización excluyente, agrava aún más el panorama. Ante esta problemática, las autoridades capitalinas han propuesto medidas que, si bien buscan aliviar la carga de los inquilinos, podrían generar consecuencias indeseadas, repitiendo errores del pasado.

Recordemos la década de los cuarenta, cuando se implementaron controles de precios en los alquileres con la noble intención de proteger a los inquilinos. Lo que en principio parecía una solución temporal se extendió por décadas, congelando las rentas y desincentivando la inversión en mantenimiento. El resultado fue la degradación acelerada de inmuebles, especialmente en zonas como el Centro Histórico, donde vecindades enteras se volvieron inhabitables, sumiéndose en un espiral de deterioro urbano y social. La construcción de nuevas viviendas para renta se paralizó, agudizando la escasez y empujando a los desarrolladores hacia zonas periféricas, sin regulación ni planificación urbana.

Es crucial aprender de estas experiencias. Controlar los precios de los alquileres no soluciona el problema de fondo, sino que lo agrava, generando un círculo vicioso de deterioro y escasez. En lugar de repetir fórmulas fallidas, es necesario explorar alternativas viables y realistas que promuevan la construcción de vivienda accesible, no solo en la periferia, sino también en zonas céntricas, revirtiendo el abandono y la segregación urbana.

Imaginemos un programa de incentivos fiscales para propietarios que ofrezcan rentas asequibles, acompañado de un plan integral de rehabilitación de inmuebles en zonas deterioradas. Pensemos en la creación de un fondo público-privado para la construcción de vivienda social, con diseños innovadores y sustentables, integrados al tejido urbano existente. Visualicemos una ciudad donde la vivienda digna no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todos.

Además de estas medidas, es fundamental fortalecer la seguridad y mejorar los servicios públicos en todas las zonas de la ciudad, evitando la concentración de la inversión y la demanda en áreas específicas. Una ciudad equilibrada, donde todos los barrios cuenten con servicios de calidad, espacios verdes y oportunidades de desarrollo, es una ciudad más justa y habitable.

La solución a la crisis de vivienda no reside en medidas simplistas e improvisadas, sino en un enfoque integral y a largo plazo, basado en el diálogo, la colaboración y la innovación. Es imperativo que las autoridades capitalinas escuchen las voces de expertos, analicen las experiencias del pasado y apliquen soluciones realistas, que no solo atiendan la emergencia actual, sino que construyan las bases para un futuro urbano más equitativo y sostenible. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, pero el camino hacia una ciudad habitable se construye con planificación, visión y compromiso.