La indignación recorre cada fibra del sistema judicial mexicano. La sombra de la negligencia, o quizás algo peor, se cierne sobre la multinacional Phillips, tras la alarmante revelación sobre los ventiladores modelo e30, adquiridos por el gobierno mexicano durante la crisis sanitaria del Covid-19. No se trata de una simple falla técnica, sino de un potencial peligro para la salud, un riesgo que, según las investigaciones, podría derivar en graves lesiones para los pacientes.

La voz del abogado Eduardo Fuentes, representante de las víctimas, resuena con fuerza, denunciando no solo la venta de estos aparatos, sino también la aparente indiferencia de las autoridades sanitarias mexicanas. "Sabían que estaban prohibidos," asevera Fuentes, apuntando a un posible dolo por parte de la empresa. La acusación es grave: homicidio. Un término que evoca imágenes de irresponsabilidad y avaricia, y que encuentra un preocupante paralelismo en las acusaciones que enfrenta Phillips en Francia.

La sentencia ejecutoriada en la demanda colectiva contra la empresa, lejos de traer tranquilidad, ha destapado una olla a presión. Los documentos revisados durante el proceso legal muestran un patrón inquietante: la retirada de estos ventiladores en Estados Unidos y otras partes del mundo por orden de la FDA, mientras en México, su comercialización continuaba, incluso a través de plataformas como Amazon. ¿Cómo es posible que un producto considerado peligroso en otros países, siga ofreciéndose libremente en territorio mexicano? Esta pregunta, lanzada al aire por Fuentes, exige una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades competentes.

El silencio de las autoridades mexicanas ante esta situación es, cuanto menos, sospechoso. ¿Complicidad? ¿Negligencia? ¿Desconocimiento? Las interrogantes se multiplican y la incertidumbre se instala en la opinión pública. Mientras tanto, los ventiladores modelo e30, potencialmente cancerígenos e ineficientes, siguen conectados a pacientes mexicanos, convirtiendo cada respiración en una apuesta arriesgada.

El millonario acuerdo alcanzado por Phillips en Estados Unidos, 1,100 millones de dólares para evitar un juicio que podría haberles costado 5,000 millones, levanta aún más sospechas. ¿Se trata de una admisión implícita de culpabilidad? La estrategia legal de la empresa parece más enfocada en minimizar las pérdidas económicas que en asumir la responsabilidad por el daño potencial causado a los pacientes.

La donación de una parte de los ventiladores, un gesto que en principio podría interpretarse como un acto de buena fe, se desdibuja ante la revelación de que la gran mayoría de los aparatos fueron, de hecho, comprados por FuenSalud. La cifra de 5,000 ventiladores adquiridos, que aún se utilizan en hospitales mexicanos, contrasta dramáticamente con la versión oficial ofrecida por la empresa.

No se trata de difamación, insiste Fuentes. Se trata de sacar a la luz una verdad incómoda, una verdad que pone en riesgo la salud de miles de mexicanos. El llamado a la acción es claro: el Estado mexicano debe exigir a Phillips la reposición inmediata de todos los ventiladores defectuosos. La salud de los ciudadanos no puede ser negociada, ni sacrificada en el altar de los intereses económicos. La justicia, tarde o temprano, deberá prevalecer.