La lucha por la igualdad de género en la arena política mexicana ha dado un paso significativo con la firme postura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la defensa de los derechos políticos de las mujeres. No se trata solo de garantizar su participación, sino de protegerlas de la violencia política en razón de género, un obstáculo persistente que busca silenciar sus voces y limitar su influencia. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña ha sido enfático: el fuero legislativo no puede ser un escudo para la impunidad. Las palabras tienen peso, especialmente en el discurso público, y quienes ostentan cargos de representación popular deben ser responsables de sus expresiones. No se puede permitir que la tribuna se convierta en una plataforma para la denostación y la discriminación.

La jurisprudencia del “manto protector del periodista” establece un precedente crucial. Reconoce la importancia de la libertad de prensa como un pilar fundamental de la democracia y protege a quienes ejercen esta labor de las presiones y ataques provenientes del poder político. El periodismo de investigación, el análisis crítico y la difusión de información son esenciales para la transparencia y la rendición de cuentas. Silenciar a la prensa es silenciar a la ciudadanía.

La magistrada electa Rosenda Bustillo ha puesto el dedo en la llaga al señalar la mayor exposición al escrutinio público que enfrentan las mujeres en política. Se espera de ellas un nivel de perfección inalcanzable, se juzga su apariencia, su forma de hablar, sus decisiones personales. Este doble estándar perpetúa la desigualdad y dificulta el acceso de las mujeres a los espacios de poder. Es imperativo analizar los casos de violencia política en razón de género con perspectiva de género, considerando el contexto social y cultural en el que se producen.

La violencia política no se limita a las agresiones físicas o verbales directas. Incluye también las prácticas discriminatorias, la exclusión sistemática, la difusión de estereotipos y la difamación. Se trata de una violencia sutil, pero no por ello menos dañina, que busca minar la credibilidad y la legitimidad de las mujeres en la política.

El TEPJF se ha convertido en un baluarte en la defensa de los derechos políticos de las mujeres. Sus fallos y criterios jurisprudenciales sientan las bases para una cultura política más igualitaria y democrática. Sin embargo, la lucha no termina aquí. Es necesario que la sociedad en su conjunto se involucre en la erradicación de la violencia política en razón de género. La educación, la sensibilización y la promoción de la igualdad son herramientas fundamentales para construir un futuro en el que las mujeres puedan participar plenamente en la vida política sin temor a ser silenciadas o agredidas.

El camino hacia la igualdad es largo y complejo, pero cada paso que damos en la dirección correcta nos acerca a un México más justo y democrático. La defensa de los derechos políticos de las mujeres es una tarea de todos y todas. El silencio nos hace cómplices. La acción nos convierte en agentes de cambio.