El eco del silbato final aún resuena en los oídos de Lidia Meza, pero no es el sonido del deporte, sino el del silencio que dejó la ausencia de Emanuel, su esposo. Cuatro meses han transcurrido desde aquel fatídico 21 de marzo, cuando un partido de fútbol rápido se convirtió en el escenario de una tragedia que les arrebató todo. Un golpe, una vida truncada, y una familia sumida en la desesperación ante la aparente indiferencia del sistema judicial.

La cancha, antes un espacio de recreación, ahora es un símbolo del dolor y la impotencia que embarga a Lidia, a sus hijos pequeños, y a toda la familia Ayala. El recuerdo de Emanuel se mezcla con la rabia y la frustración de un proceso legal lento, burocrático, que parece inclinado a proteger al presunto agresor, Néstor “N.”, más que a las víctimas. “No buscamos venganza, solo justicia”, repite Lidia con la voz quebrada por la angustia. Una justicia que se les escapa entre los dedos como arena.

El 21 de julio, una fecha que marca el cuarto mes del fallecimiento de Emanuel, se cierne sobre ellos como una espada de Damocles. Ese día, una audiencia podría determinar si Néstor “N.” obtiene una medida cautelar más laxa, cambiando la firma diaria por una semanal. Una posibilidad que aterra a Lidia: “¿Quién me asegura que no volverá a huir como lo hizo después del golpe, cuando desapareció por tres días?”. La incertidumbre carcome su alma, mientras la sombra de la impunidad se alarga sobre sus vidas.

La petición de modificar la medida cautelar no es nueva. Dos veces ha sido rechazada por un juez de distrito, pero la insistencia del imputado, amparado en recursos legales, mantiene a la familia Ayala en un constante estado de alerta y desasosiego. Cuatro amparos, cuatro intentos de eludir la responsabilidad, mientras el dolor de la familia se agudiza.

Las consecuencias de esta tragedia se extienden más allá del ámbito judicial. El hijo de cinco años de Lidia presenta síntomas de colitis por estrés, una muestra palpable del impacto emocional que la ausencia de su padre ha generado. “¿Cómo le explico a un niño que su papá no volverá por una pelea sin sentido en una cancha?”, se pregunta Lidia con la mirada perdida en el vacío. Su suegra, quien ahora cuida de los niños mientras Lidia trabaja y lucha incansablemente por justicia, también sufre problemas de salud derivados del duelo. El peso de la tragedia se ha convertido en una carga insoportable para toda la familia.

A la angustia del proceso judicial se suma la lucha contra la burocracia. Lidia aún no ha podido obtener la pensión de viudez en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a pesar de cumplir con todos los requisitos. Un nuevo obstáculo en un camino ya de por sí tortuoso.

El caso de Emanuel ha puesto al descubierto la falta de protocolos y supervisión en los espacios deportivos. A pesar de las promesas de cambio tras la tragedia, ninguna cancha de fútbol rápido en la región cumple con las mínimas medidas de seguridad. “La violencia sigue presente, no hay sanciones ejemplares ni acciones preventivas. Las autoridades solo reaccionan ante la tragedia, pero no previenen”, denuncia Lidia con la voz cargada de indignación.

La chispa que encendió la tragedia fue una acusación falsa. Según relata Lidia, la esposa del agresor afirmó que Emanuel le había faltado al respeto, una mentira que desencadenó la discusión y el fatal desenlace. Un simple gesto de amabilidad, comprarle unas galletas a una niña, fue tergiversado y utilizado como pretexto para la violencia.

La indignación de la familia se acrecienta al recordar la actitud del agresor tras el golpe. Néstor, estudiante de enfermería, no prestó auxilio a Emanuel. Huyó, abandonándolo a su suerte. “Si realmente sabía de primeros auxilios, ¿por qué no lo ayudó? No mostró ni un ápice de humanidad”, cuestiona Lidia con amargura.

Lidia Meza y su familia no buscan dinero, ni favores. Solo exigen justicia. Una justicia que honre la memoria de Emanuel, que les permita cerrar el ciclo del dolor y encontrar un mínimo de paz. “El dinero se acaba, la vida de mi esposo no tiene precio. Solo pedimos que el sistema deje de proteger al responsable y que haya consecuencias reales. Si no, ¿qué mensaje le enviamos a la sociedad? ¿Que se puede matar a alguien y seguir la vida como si nada?”, concluye Lidia con la firmeza de quien se niega a rendirse. Mientras los tribunales deciden el futuro del imputado, la familia de Emanuel Ayala espera, con la esperanza puesta en que la ley, por fin, haga su trabajo. No por venganza, sino por dignidad.