El camino recorrido en la primera elección federal de personas juzgadoras en México ha sido, sin duda, una travesía inédita y compleja. Desde la concepción misma de este proceso, con la Reforma Constitucional de septiembre de 2024, se vislumbraban los retos que tendríamos que afrontar. Los ajustados plazos, la tardía publicación de la reforma legal y los recortes presupuestales, conformaron un escenario adverso que puso a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones. A estas dificultades se sumaron las suspensiones judiciales, la incertidumbre jurídica y una presión institucional sin precedentes, factores que complicaron aún más la organización de este proceso electoral.

A pesar de este contexto desafiante, el INE asumió su responsabilidad democrática con determinación y logró llevar a buen puerto cada una de las etapas del proceso. Esta elección nos obligó a repensar procedimientos que antes considerábamos rutinarios y a diseñar desde cero aspectos fundamentales. La armonización de la cartografía judicial con la electoral, un trabajo técnico de alta complejidad, y la elaboración del protocolo de entrega de constancias, son ejemplos claros de la capacidad de adaptación y la innovación que tuvimos que implementar en tiempo récord.

El registro de candidaturas se convirtió en uno de los puntos críticos de este proceso. Las múltiples deficiencias observadas, que van desde el incumplimiento de la postulación paritaria de candidaturas hasta errores en el registro de nombres y cargos de las personas aspirantes, pasando por la inadecuada revisión del cumplimiento de requisitos de elegibilidad e idoneidad, nos obligan a una profunda reflexión. Es crucial analizar quién debe asumir esta función en el futuro para garantizar los altos estándares que exige una elección de esta magnitud. La experiencia adquirida nos muestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y verificación para evitar la repetición de estas irregularidades.

La promoción de la participación ciudadana también nos deja importantes lecciones. Si bien la ley otorgaba esta función exclusivamente al INE, una sentencia de la Sala Superior permitió la coexistencia de la campaña institucional con mensajes de otros poderes y personas servidoras públicas. Esta situación generó confusión entre la ciudadanía sobre el origen y la neutralidad de la información, según reportes de observadores electorales. De cara al futuro, debemos analizar cómo garantizar la claridad y la imparcialidad en la difusión de la información electoral, evitando la interferencia de actores externos que puedan comprometer la objetividad del proceso.

Este proceso electoral, organizado a contracorriente de la opinión pública y en medio de críticas, tanto legítimas como infundadas, ha demostrado la solidez del INE como institución autónoma. El cumplimiento de nuestra obligación constitucional de organizar las elecciones se sustenta en el principio de legalidad y en la confianza ciudadana que hemos construido a lo largo de los años. Esta confianza es nuestro principal activo y la base sobre la que seguiremos trabajando para fortalecer la democracia en México.

El año 2027 nos plantea nuevos desafíos. La coincidencia de las elecciones judiciales federales y locales con la renovación de la Cámara de Diputados y las elecciones locales ordinarias en todas las entidades federativas, exige una profunda reflexión sobre lo realizado y, sobre todo, sobre lo que debemos mejorar. Debemos aprender de las experiencias pasadas, identificar las áreas de oportunidad y fortalecer los mecanismos que garanticen la transparencia, la legalidad y la participación ciudadana en los próximos procesos electorales. El futuro de nuestra democracia depende de nuestra capacidad para construir un sistema electoral cada vez más sólido y confiable.