La seguridad pública, un tema crucial para la estabilidad y el desarrollo de cualquier nación, se encuentra en el centro del debate tras las recientes declaraciones del excomisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla. Sus palabras, cargadas de preocupación, ponen el dedo en la llaga de un sistema que, a pesar de los avances, presenta una vulnerabilidad crítica: la falta de un mecanismo nacional obligatorio para evaluar a los secretarios de seguridad pública estatales.

Esta deficiencia, según Castilla, abre la puerta a designaciones basadas en criterios políticos, dejando de lado la experiencia, la formación y la probidad necesarias para un cargo de tal envergadura. Imaginen la magnitud del riesgo: la seguridad de un estado, la tranquilidad de sus ciudadanos, en manos de individuos elegidos por conveniencia política y no por su capacidad para proteger y servir. Es una apuesta arriesgada, una moneda al aire con la vida y el patrimonio de la población como apuesta.

El caso de Adán Augusto López y su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, vinculado al crimen organizado, ilustra a la perfección las consecuencias de esta laguna legal. Si bien cada caso debe ser analizado individualmente y se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, la situación plantea interrogantes sobre los procesos de selección y la importancia de contar con filtros rigurosos que impidan la infiltración de elementos nocivos en las estructuras de seguridad.

Castilla, con la autoridad que le confiere su experiencia, recuerda que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si bien exige evaluaciones a mandos operativos, deja un vacío en lo que respecta a los secretarios, quienes, al ser nombrados por el poder político, suelen quedar exentos de este proceso. Es una paradoja que quienes ostentan mayor poder y responsabilidad en materia de seguridad no estén sujetos a los mismos controles que sus subordinados.

Si bien en 2017 el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó un acuerdo para incorporar la evaluación de estos funcionarios, su aplicación ha sido, en palabras de Castilla, "escasa". La pregunta es: ¿por qué? ¿Qué obstáculos impiden la implementación efectiva de una medida tan crucial? ¿Existen intereses ocultos que se benefician de esta opacidad?

La omisión, advierte el experto, representa un grave riesgo para la integridad institucional. Cuando la política partidista se inmiscuye en decisiones técnicas de seguridad, el sistema se corrompe, se debilita y se vuelve vulnerable a la infiltración del crimen organizado. Es como dejar la puerta abierta al enemigo, invitándolo a entrar y tomar el control desde adentro.

Castilla, con la precisión de un cirujano, destaca la diferencia entre un jefe policiaco y un secretario de seguridad. Mientras el primero requiere un perfil operativo, el segundo necesita una visión estratégica, una formación académica sólida y habilidades administrativas. Confundir ambos roles es un error que puede tener consecuencias devastadoras.

Finalmente, el excomisionado señala ejemplos de perfiles técnicos en Guanajuato, Yucatán y en la actual Secretaría de Seguridad federal, instando a la creación de un protocolo nacional obligatorio para la evaluación de los secretarios de seguridad estatales. "Es increíble", afirma, "que en pleno 2025 no exista un criterio homologado por razones político-partidistas". Sus palabras resuenan como un llamado a la acción, una exhortación a la responsabilidad y un recordatorio de que la seguridad no puede ser rehén de la política. Es hora de actuar, de cerrar las brechas y de construir un sistema de seguridad sólido, transparente y eficaz, capaz de proteger a los ciudadanos y garantizar la paz social.