La gentrificación, un fenómeno que transforma el rostro de nuestros barrios, ha desatado un acalorado debate en la Ciudad de México. Las recientes marchas, marcadas por la indignación y la frustración de quienes se sienten desplazados por el aumento de precios y la llegada de nuevos residentes, han puesto en el ojo del huracán al llamado “Bloque Negro”. Sin embargo, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha hecho un llamado a la prudencia, instando a evitar la estigmatización y a enfocarse en los actos, no en la etiqueta. Sus palabras resuenan con la necesidad de un diálogo constructivo que aborde las raíces del problema, en lugar de criminalizar la protesta social.

¿Es justo señalar a un grupo específico cuando la desesperación se extiende por toda una comunidad? La complejidad de la situación exige un análisis profundo, que vaya más allá de la simple condena de la violencia. Las denuncias presentadas por la Fiscal General, Bertha Alcalde Luján, son un paso importante para que se haga justicia por los daños causados, pero la verdadera justicia reside en encontrar soluciones a largo plazo que garanticen el derecho a la ciudad para todos sus habitantes. No se trata de ignorar los actos vandálicos, sino de entender el contexto en el que se producen.

La gentrificación no es un proceso natural e inevitable. Es el resultado de políticas públicas y decisiones privadas que priorizan el lucro sobre el bienestar de las comunidades. El aumento descontrolado de las rentas, la proliferación de negocios dirigidos a un público de mayor poder adquisitivo y la transformación del espacio público son solo algunas de las caras de este fenómeno que amenaza con expulsar a los habitantes históricos de sus barrios. ¿Cómo podemos conciliar el desarrollo urbano con la preservación del tejido social?

La respuesta de las autoridades, más allá de la contención de las protestas, debe estar orientada a la implementación de medidas concretas que protejan a los más vulnerables. La organización de foros y mesas de diálogo, como lo anunció la Jefa de Gobierno, es un paso en la dirección correcta. Es fundamental que estos espacios sean verdaderamente inclusivos y permitan la participación activa de todos los actores involucrados, desde los residentes afectados hasta los desarrolladores inmobiliarios.

La actuación de la policía, especialmente en el incidente del MUAC, también ha generado controversia. La decisión de no intervenir, argumentando la autonomía universitaria y el riesgo de escalar la violencia, plantea interrogantes sobre los límites de la actuación policial en contextos de protesta social. ¿Se priorizó la protección del patrimonio cultural sobre la seguridad de las personas? ¿Hubo otras alternativas para contener los disturbios sin recurrir a la confrontación directa? El debate está abierto.

La gentrificación es un desafío complejo que exige respuestas integrales. No se trata solo de condenar la violencia, sino de comprender sus causas y de trabajar en la construcción de una ciudad más justa e inclusiva para todos. El diálogo, la participación ciudadana y la implementación de políticas públicas efectivas son las claves para encontrar soluciones a largo plazo que permitan a todos los habitantes de la Ciudad de México vivir con dignidad y disfrutar de su derecho a la ciudad. La pregunta no es qué hacer con el "Bloque Negro", sino qué hacer con la gentrificación que los impulsa.