La concentración de casi el 40% de las tropas desplegadas en Baja California, Sinaloa, Guerrero y Michoacán subraya la compleja realidad que enfrenta México en su lucha contra la delincuencia. No se trata simplemente de números, sino de una estrategia focalizada que busca atender las zonas más calientes del país, donde la violencia e inseguridad han alcanzado niveles alarmantes. La presencia de 3,425 elementos del Ejército y Fuerza Aérea en Baja California, 3,306 en Sinaloa, 3,272 en Guerrero y 2,014 en Michoacán no es casualidad. Representa un esfuerzo concertado por desmantelar las estructuras criminales que operan en estas regiones, interrumpir el flujo de drogas y armas, y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas.

Este despliegue, sin embargo, no se limita a la mera presencia militar. El informe destaca la importancia de la coordinación interinstitucional, la movilidad táctica de las tropas y el uso eficiente de la logística. Se trata de una estrategia integral que busca no solo reaccionar ante la violencia, sino también prevenirla. Los patrullajes disuasivos, el apoyo a las autoridades civiles y la vigilancia del espacio terrestre, marítimo y aéreo son piezas clave de este rompecabezas. El objetivo final no es solo capturar a los generadores de violencia, sino también crear un ambiente de seguridad que permita el desarrollo social y económico de estas regiones.

Mientras que Baja California, Sinaloa, Guerrero y Michoacán se encuentran en el ojo del huracán, el informe también señala a otras entidades como Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Zacatecas y Quintana Roo como zonas de atención prioritaria. Aunque con menor número de efectivos desplegados, la presencia militar en estos estados es un indicativo de la necesidad de mantener una vigilancia constante y una capacidad de respuesta rápida ante cualquier eventualidad. La asignación de 1,475 militares a Chihuahua, 1,286 a Jalisco y 1,711 a Guanajuato, por ejemplo, demuestra la adaptabilidad de la estrategia a las particularidades de cada región.

La mención de estados con menor incidencia delictiva, como Hidalgo, Yucatán, Durango, Campeche, Nayarit, Baja California Sur y la Ciudad de México, ofrece un interesante contraste. Si bien la violencia no es un problema homogéneo en todo el país, la experiencia de estas entidades podría ofrecer valiosas lecciones para las zonas más afectadas. ¿Qué políticas públicas han implementado? ¿Qué estrategias de seguridad han resultado más efectivas? El análisis comparativo de estas realidades podría ser clave para diseñar soluciones a largo plazo.

Finalmente, la participación de la SEDENA en operaciones coyunturales de apoyo a las instituciones de seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal refuerza la idea de un frente común contra la delincuencia. La atención a escenarios de riesgo elevado, la protección de infraestructura crítica y la respuesta ante el incremento de la incidencia delictiva requieren de una colaboración estrecha entre las diferentes instancias de gobierno. El éxito de esta estrategia dependerá, en gran medida, de la capacidad de mantener una comunicación fluida y una coordinación efectiva entre todos los actores involucrados. El reto es enorme, pero la apuesta por la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos es aún mayor.