La sombra de la decisión presidencial sobre el AIFA se alarga y oscurece el panorama de la aviación mexicana. La noticia de posibles restricciones por parte de Estados Unidos a vuelos provenientes de México, debido al incumplimiento de acuerdos comerciales relacionados con el traslado de carga aérea al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), resuena como un eco del pasado, recordándonos la turbulencia generada por esta medida. La administración del expresidente López Obrador justificó la mudanza con la necesidad de remodelar el AICM y descongestionar el espacio aéreo del Valle de México. Sin embargo, la versión estadounidense, a través del Secretario de Transporte Sean Duffy, apunta a una violación de los acuerdos del T-MEC y acusa a México de forzar la reubicación de las operaciones de carga estadounidenses, generando pérdidas millonarias y llevando a algunas empresas a la bancarrota.

Esta nueva fricción comercial no solo pone en jaque la relación bilateral, sino que también amenaza la conectividad aérea entre ambos países, impactando directamente a las aerolíneas, al comercio y a las cadenas de suministro. La exigencia del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) de que las aerolíneas mexicanas presenten sus itinerarios para su aprobación, hasta que se resuelva la situación, añade un grado más de complejidad a un panorama ya de por sí complicado.

La decisión de trasladar las operaciones de carga al AIFA, tomada unilateralmente y sin estudios que la respaldaran, según algunos expertos, se presenta ahora como un costoso capricho con consecuencias imprevistas. A los gastos derivados de la cancelación del NAIM y la construcción del AIFA, se suman ahora las posibles pérdidas económicas derivadas de las restricciones estadounidenses y los costos asociados a la búsqueda de una solución que satisfaga a ambas partes.

La actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se encuentra en una encrucijada: por un lado, la lealtad al proyecto del expresidente y, por el otro, la necesidad de mantener una buena relación con Estados Unidos. La presión por encontrar una salida airosa a esta situación es inmensa, y la pregunta que surge es: ¿cuál será el precio que tendrá que pagar México para resolver este conflicto? ¿Quién asumirá la responsabilidad de las decisiones pasadas y de las consecuencias presentes? ¿Dónde están las voces de los responsables de la infraestructura, comunicaciones y transporte, de la SEDENA y la Marina, encargados de la operación de los aeropuertos? ¿Por qué recae siempre en la jefa de gobierno la responsabilidad de dar la cara ante estas situaciones?

La incertidumbre se cierne sobre el futuro de la aviación mexicana, mientras el gobierno busca una solución a esta crisis. El “Mayday” resuena en el aire, no solo como una señal de auxilio, sino también como un llamado a la reflexión sobre las decisiones que nos han traído hasta este punto. ¿Será posible un aterrizaje de emergencia que minimice los daños y permita retomar el rumbo? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra. Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, esperando respuestas claras y soluciones concretas a un problema que, en última instancia, impacta a todos. La pregunta sigue en el aire: ¿quién pagará los platos rotos de esta turbulenta situación?