El flagelo de la extorsión se ha convertido en una sombra ominosa que se cierne sobre México, asfixiando no solo a ciudadanos comunes, sino también al tejido mismo de nuestra economía y la credibilidad de nuestras instituciones. Este delito, que alguna vez se percibía como un problema aislado, ha experimentado un crecimiento exponencial, convirtiéndose en una preocupante fuente de ingresos para la delincuencia organizada. Ante los avances del gobierno en el combate al narcotráfico y el huachicol, los grupos criminales, con su innata capacidad de adaptación, han encontrado en la extorsión un nuevo y lucrativo nicho de mercado. Como parásitos, se adhieren a las estructuras productivas que con tanto esfuerzo hemos construido, succionando recursos y debilitando el funcionamiento de empresas, comercios e incluso instituciones públicas.

La iniciativa de la Presidenta para reformar el marco legal que define y sanciona la extorsión llega en un momento crucial, ofreciendo un rayo de esperanza en esta lucha. No se trata simplemente de endurecer las penas, sino de un cambio de paradigma, un giro estratégico que busca atacar el problema desde la raíz. Las recién promulgadas leyes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia se convierten en herramientas fundamentales en esta batalla, fortaleciendo las capacidades de investigación del Estado y brindando a las autoridades el acceso, bajo estricto apego a la ley, a las comunicaciones que los delincuentes utilizan para sus fines ilícitos.

Es necesario desmontar las falacias que algunos sectores insisten en difundir, acusando al gobierno de espionaje. Estas calumnias no solo son infundadas, sino que además, terminan favoreciendo al crimen organizado, al obstaculizar las investigaciones y limitar la capacidad del Estado para perseguir y castigar a los responsables. Exigir resultados en materia de seguridad mientras se atan las manos de quienes tienen la responsabilidad de combatir la delincuencia es una contradicción flagrante.

La propuesta de facultar al Congreso para expedir una Ley General contra la Extorsión representa un paso decisivo hacia la unificación de la acción del Estado en esta materia. Homologar el tipo penal, establecer agravantes y penas claras, y garantizar su cumplimiento en todo el territorio nacional, son medidas indispensables para combatir eficazmente este delito. La aplicación obligatoria de esta ley, tanto para la Fiscalía General de la República como para las fiscalías estatales, exige mecanismos de coordinación robustos que permitan una actuación conjunta y efectiva.

No podemos olvidar a las víctimas, quienes a menudo, por temor a represalias, prefieren el silencio a la denuncia. Por ello, la iniciativa contempla que la extorsión se persiga de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia formal. Es el Estado quien debe asumir la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y actuar en consecuencia, reconociendo la magnitud del daño que este delito inflige, no solo a las víctimas directas, sino al conjunto de la sociedad.

El fortalecimiento de las medidas de protección para quienes sufren extorsión es una prioridad ineludible. Debemos brindarles la seguridad y el apoyo necesarios para que puedan romper el ciclo de miedo y contribuir a la erradicación de este cáncer que corroe nuestro país. La lucha contra la extorsión es una tarea que nos compete a todos, sociedad y gobierno, unidos en un frente común para construir un México más seguro y justo.