La sombra de la corrupción se cierne sobre Tultitlán, dejando un manto de incertidumbre y desconfianza entre sus habitantes. A tan solo siete meses del inicio de la gestión de Ana María Castro Fernández, la alcaldesa se encuentra en el ojo del huracán, enfrentando una investigación por presunta malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y nepotismo. Lo que es aún más preocupante, es que esta red de irregularidades parece extender sus tentáculos hasta la diputada local Elena García Martínez, su cuñada y predecesora en el cargo. Un escenario que, de confirmarse, revelaría un preocupante entramado de poder y complicidad.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México no ha escatimado esfuerzos en su labor investigativa. Auditorías financieras y peritajes contables se han puesto en marcha para escudriñar a fondo los contratos adjudicados entre 2023 y 2025, tanto en la administración actual como en la anterior. La lupa se posa sobre asignaciones directas y licitaciones que, según las denuncias, fueron simuladas para desviar la escandalosa cifra de 72.7 millones de pesos. Una cantidad que, de haberse utilizado correctamente, podría haber transformado la realidad de muchas familias tultitlenses.

La voz de los habitantes de las colonias Fimesa 1, 2 y 3 ha sido fundamental para destapar esta olla de grillos. Su denuncia, presentada con valentía ante las autoridades, apunta a la compra irregular de 27 hectáreas de terrenos ejidales en San Francisco Chilpan durante la gestión de García Martínez. Un pago de 38.5 millones de pesos a la asociación civil Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C., sin el respaldo notarial que justifique la operación, ha levantado serias sospechas. A esto se suma un depósito adicional de 5 millones de pesos al Fonapho, realizado en 2023, que aumenta la indignación de los colonos quienes, a pesar del tiempo transcurrido, aún no ven la regularización de los terrenos prometidos.

La propuesta de renombrar la colonia como “Cuarta Transformación” ha echado leña al fuego, generando aún más tensión entre el gobierno local y los habitantes. Los denunciantes temen que este cambio de nombre afecte la validez jurídica de sus títulos de posesión, dejándolos en una situación de vulnerabilidad. Un acto que, de ser intencionado, demostraría un profundo desprecio por los derechos de la ciudadanía.

Las acusaciones de nepotismo también salpican a la administración actual. Al menos tres familiares directos de la alcaldesa Castro Fernández ocupan puestos en el Ayuntamiento, lo que ha generado fuertes críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la imparcialidad en la asignación de cargos públicos. La sombra de Elena García Martínez se alarga sobre la figura de su cuñada, ya que se le atribuye haber impulsado su candidatura a la presidencia municipal tras finalizar su propia gestión. Un apoyo político que ahora se ve empañado por las sospechas de corrupción.

El sector empresarial de Tultitlán no se ha quedado callado. Empresarios locales han denunciado la falta de condiciones para la inversión, argumentando que la burocracia, la inseguridad y los presuntos actos de corrupción han deteriorado la competitividad del municipio. Un panorama desalentador que contrasta con la urgente necesidad de generar empleos y mejorar la calidad de vida de la población, donde el 42% vive en situación de pobreza.

La inseguridad, un flagelo que azota a todo el Estado de México, también golpea con fuerza a Tultitlán. La percepción de inseguridad entre sus habitantes es alarmante, reflejando la necesidad de implementar estrategias efectivas para combatir la delincuencia y garantizar la tranquilidad de las familias.

Ante este complejo escenario, el silencio de la presidenta municipal y la diputada local resulta inquietante. La falta de una declaración pública que aclare las acusaciones alimenta la incertidumbre y la especulación. Mientras tanto, las investigaciones de la Fiscalía continúan su curso, y la ciudadanía espera con ansias que se haga justicia y se sancione a los responsables de cualquier acto de corrupción. El futuro de Tultitlán depende de la transparencia y la rendición de cuentas.