La reciente declaración del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) sobre el sistema aeroportuario mexicano ha generado un debate sobre la soberanía en la toma de decisiones en materia de aviación. Si bien la Presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que no existe una notificación formal, la situación pone de relieve la compleja interrelación entre las regulaciones internacionales y las políticas nacionales. ¿Se trata de una simple diferencia de interpretación o el preludio de un conflicto mayor?

La saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) es un hecho innegable, reconocido desde 2014. Años de crecimiento en el tráfico aéreo, tanto de pasajeros como de carga, han llevado al límite la capacidad de esta infraestructura crucial. Ante esta realidad, el gobierno mexicano ha tomado la decisión de implementar una serie de medidas para aliviar la presión sobre el AICM, incluyendo la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la redistribución de vuelos. Estas acciones, según las autoridades mexicanas, se basan en estudios técnicos y responden a la necesidad de garantizar la seguridad y la eficiencia del sistema aeroportuario. Pero, ¿son suficientes estas medidas para satisfacer los estándares internacionales y evitar posibles sanciones?

La estrategia del gobierno mexicano se centra en una visión integral del sistema aeroportuario del Valle de México. El AIFA, construido en tiempo récord, se presenta como una pieza clave para modernizar la infraestructura y mejorar las condiciones de operación. El traslado de operaciones de carga al AIFA, junto con la reducción programada de operaciones en el AICM, busca optimizar el uso de los recursos y mitigar los riesgos asociados a la saturación. Sin embargo, la transición no ha estado exenta de controversias. Algunos sectores cuestionan la viabilidad del AIFA y la eficiencia de las medidas implementadas. ¿Es el AIFA una solución a largo plazo o una medida paliativa?

El Estudio de Capacidad por Niveles de Servicio del AICM, realizado en 2023, revela la magnitud del desafío. El informe alerta sobre el riesgo para los usuarios y el incumplimiento de los espacios mínimos de servicio, según los criterios de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Este dato es crucial, ya que la IATA juega un papel fundamental en la regulación del transporte aéreo a nivel mundial. La decisión de privilegiar la seguridad de los pasajeros y la eficiencia operacional, argumentan las autoridades mexicanas, es una respuesta directa a las recomendaciones de la IATA. Pero, ¿cómo se percibe esta decisión desde la perspectiva de las autoridades estadounidenses?

La falta de una notificación formal por parte del DOT genera incertidumbre. Si bien la declaración del departamento estadounidense no implica necesariamente una sanción inmediata, sí representa una señal de alerta. El gobierno mexicano deberá clarificar las medidas implementadas y demostrar su compromiso con los estándares internacionales de seguridad y eficiencia. El diálogo y la cooperación serán fundamentales para evitar una escalada del conflicto y asegurar la continuidad de las operaciones aéreas entre México y Estados Unidos. ¿Se abrirá un canal de comunicación efectivo entre ambos países o la tensión continuará en aumento? El futuro del sistema aeroportuario mexicano, y su relación con el mercado internacional, depende de las respuestas a estas preguntas.