La crisis en el sector educativo mexicano se agudiza. No solo se enfrentan a aulas abarrotadas, falta de recursos y un reconocimiento social insuficiente, sino que miles de docentes se ven atrapados en una red de retrasos y retenciones salariales por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido en una constante preocupante que afecta a maestros de todo el país, desde Chiapas hasta Michoacán, pasando por Guerrero y Oaxaca. Imaginen la angustia de quienes dedican su vida a la formación de las futuras generaciones, teniendo que esperar meses para recibir el pago que les corresponde, viéndose obligados a endeudarse o pedir préstamos para cubrir sus necesidades básicas. ¿Cómo se puede exigir calidad educativa cuando los propios educadores luchan por su subsistencia?

El drama se repite trimestre tras trimestre, incluso semestre tras semestre. Los testimonios de los maestros pintan un panorama desolador: familias que tienen que ajustar sus gastos al extremo, la imposibilidad de planificar a futuro y la constante incertidumbre de no saber cuándo podrán contar con su salario completo. Mientras tanto, la Federación y los gobiernos estatales se enfrascan en un juego de culpas, donde la SEP asegura haber transferido los recursos y los estados alegan trabas burocráticas. En medio de este cruce de acusaciones, los docentes siguen siendo los principales afectados.

El caso del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) es un ejemplo paradigmático de esta problemática. Bajo la dirección de Fernando Magro Soto, este subsistema educativo se ha visto sumido en una profunda crisis, con denuncias de retenciones salariales, contratos precarios y meses sin recibir sueldo. La promesa de fortalecer la educación física desde el bachillerato se ha desvanecido ante la falta de transparencia y la creciente indignación del personal docente. ¿Cómo se puede impulsar el deporte y la formación integral de los jóvenes si quienes los guían se ven forzados a trabajar sin la garantía de un salario digno?

El Informe de la Cuenta Pública 2023 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela las fallas estructurales que subyacen a esta crisis. Los estados no comprueban el uso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), se detectan pagos improcedentes, plazas "fantasma" que siguen recibiendo salario y miles de maestros contratados bajo programas como "La Escuela es Nuestra" que se quedan sin cobrar durante meses. Guerrero, Veracruz y Michoacán son solo algunos ejemplos de la magnitud del problema.

Hablar de transformación educativa en este contexto resulta una paradoja. Mientras la SEP se enfoca en nuevos programas y pedagogías, se descuida lo fundamental: garantizar condiciones laborales dignas para los docentes. No se trata de un simple error administrativo, sino de una violación sistemática de los derechos humanos de quienes sostienen la educación en el país. La solución requiere una verdadera voluntad política, una depuración exhaustiva de las nóminas y, sobre todo, un profundo respeto por el trabajo y la dedicación de los maestros. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que la educación, pilar fundamental de cualquier sociedad, sea tratada con tanta indiferencia?