En México, el lavado de dinero ha dejado de ser una actividad furtiva para convertirse en un sistema casi institucionalizado, una mancha que se extiende desde las altas esferas del poder hasta los recovecos más oscuros del crimen organizado. Ya no se trata solo de delincuentes comunes, sino de una red compleja que involucra a empresarios, políticos, artistas, banqueros e incluso a aquellos encargados de combatir este delito. El reciente escándalo que salpica a dos importantes bancos y una casa de bolsa, acusados desde Washington de facilitar operaciones ligadas al narcotráfico, es solo la punta del iceberg, un síntoma de una enfermedad que carcome el sistema desde adentro.

La historia del lavado de dinero es larga y conocida. Desde los tiempos de Al Capone, quien utilizaba lavanderías para “limpiar” sus ganancias ilícitas, hasta nuestros días, las técnicas han evolucionado de forma alarmante. Si en los años 30 bastaba con mezclar dinero sucio con dinero limpio en negocios de alto flujo de efectivo, hoy los métodos son mucho más sofisticados. La compra de arte a precios exorbitantes, la inversión en criptomonedas sin regulación, la simulación de contratos con empresas fantasma, las operaciones inexistentes con aval judicial e incluso la infiltración en campañas políticas son solo algunas de las estrategias que utilizan los nuevos “Al Capone” para blanquear sus capitales.

La sofisticación del sistema financiero ha propiciado la creatividad de quienes buscan lavar dinero. Un ejemplo claro es el esquema del “inversionista” que firma un contrato para un proyecto hotelero, da un anticipo y luego incumple. Se le denuncia por fraude, se integra la carpeta de investigación, se agenda audiencia y, justo antes de la judicialización, se llega a un acuerdo reparatorio. El acusado paga la cantidad pactada más la reparación del daño y el caso se cierra. Nadie pregunta el origen del dinero, si fue en efectivo, de una cuenta offshore, producto de qué… Simplemente, a nadie le importa. El lavado se consuma en la impunidad.

El arte contemporáneo también se ha convertido en una herramienta para el blanqueo de capitales. Obras sobrevaloradas, lienzos manchados, piedras y latas que se venden por millones, permiten justificar fortunas sin revelar la identidad del comprador ni del vendedor. Detrás de estas transacciones, a menudo se encuentran servidores públicos con una inclinación sospechosa por el “arte”. Ya no se trata de un problema meramente fiscal, como en el caso de Al Capone, sino de un problema estructural que corroe las bases del sistema.

Si bien la nueva Ley Antilavado busca frenar esta situación, la realidad es que las empresas fantasma, las llamadas “factureras”, siguen proliferando. Facturan operaciones inexistentes, inflan servicios, evaden impuestos y, cuando llega el momento de rendir cuentas, desaparecen sin dejar rastro. Lo más preocupante es que algunas de estas facturas han financiado campañas políticas, giras, convenios con partidos y otros movimientos que, irónicamente, prometen combatir la corrupción.

La reciente acusación de Estados Unidos, señalando que los cárteles mexicanos están financiando la política nacional, es un llamado de atención que no podemos ignorar. Mientras en México la inacción prevalece, en Washington ya tienen nombres, empresas y transacciones en la mira. La verdadera preocupación no es solo la red que se ha tejido entre el crimen y el poder, sino la falta de voluntad para investigarlo desde adentro.

El desafío es doble: detectar las nuevas formas de lavado de dinero y, sobre todo, atreverse a perseguirlas. De no hacerlo, el panorama es desolador: más exfuncionarios abriendo galerías de arte con dinero manchado de sangre, comprando silencio y prestigio con la impunidad como cómplice.

La caída del exsecretario de Seguridad de Tabasco, según se rumora, fue un manotazo en la mesa, un gesto con dedicatoria directa hacia el norte. Un mensaje crudo que revela una realidad incómoda: en México, las investigaciones internas no se abrirán. Será Estados Unidos quien siga jalando los hilos, destapando la cloaca de la corrupción que amenaza con hundir al país.