En un escenario donde la desconfianza hacia la gestión de los recursos públicos permea la percepción ciudadana, la reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la transparencia en la inversión de 75 mil millones de pesos en programas federales, abre un abanico de expectativas y, a su vez, reaviva la exigencia de una rendición de cuentas clara y accesible. No se trata simplemente de una promesa, sino de una obligación constitucional que debe materializarse en acciones concretas y verificables. La ciudadanía no solo quiere saber qué se hará con ese dinero, sino cómo, cuándo, dónde y para quién. Preguntas fundamentales que merecen respuestas puntuales y no evasivas.

El origen de estos recursos, provenientes de diversas secretarías y un fideicomiso preexistente entre el Estado de México, la Ciudad de México y la Federación, añade una capa adicional de complejidad que exige una fiscalización aún más rigurosa. La colaboración interinstitucional no debe ser sinónimo de opacidad, sino una oportunidad para demostrar la sinergia y la transparencia en la gestión de recursos públicos. La ciudadanía espera, con justa razón, que esta inversión se traduzca en beneficios tangibles y que cada peso sea utilizado con responsabilidad y eficiencia.

La era de la información a cuentagotas, del "si preguntan, respondemos", ha quedado obsoleta. La transparencia proactiva, aquella que anticipa las dudas ciudadanas y pone la información al alcance de todos, sin necesidad de trámites engorrosos ni solicitudes formales, es la única vía para reconstruir la confianza y legitimar la gestión pública. No basta con publicar datos dispersos en portales institucionales desactualizados y difíciles de navegar. Se requiere un cambio de paradigma, una apuesta decidida por la innovación tecnológica que permita la creación de plataformas interactivas, accesibles y fáciles de usar, donde la información fluya en tiempo real y sea comprensible para todos, no solo para expertos.

Imaginemos portales web donde podamos visualizar el avance de las obras, los contratos firmados con los proveedores, los montos asignados a cada programa y los indicadores de impacto, todo en un lenguaje claro y conciso. Plataformas que permitan la participación ciudadana, la retroalimentación y el seguimiento puntual de cada proyecto. Esto no es una utopía, sino una realidad en muchos países que han comprendido la importancia de la transparencia como herramienta fundamental para la buena gobernanza.

La inversión de 75 mil millones de pesos no es un asunto menor. Representa una oportunidad única para impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de miles de personas. Pero para que esto sea posible, la transparencia no puede ser un simple accesorio, sino el eje central de todo el proceso. Las autoridades deben comprender que la ciudadanía no está pidiendo un favor, sino exigiendo el cumplimiento de un derecho fundamental. La transparencia no es negociable, es una obligación. Y la sociedad estará vigilante para que así sea.

La declaración de la presidenta Sheinbaum es un primer paso, pero aún queda un largo camino por recorrer. La verdadera prueba será la implementación de mecanismos concretos que garanticen el acceso a la información pública de manera oportuna, completa y accesible. El tiempo de las excusas y la opacidad se ha terminado. La ciudadanía espera resultados, no promesas.