La detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda en octubre de 2020, en el aeropuerto de Los Ángeles, sacudió los cimientos de las Fuerzas Armadas mexicanas y puso en tela de juicio su prestigio e institucionalidad. Acusado de vínculos con el narcotráfico, el caso prometía ser un escándalo internacional. Sin embargo, la narrativa oficial que se ha construido desde entonces, apunta a una serie de inconsistencias y a un posible montaje en contra del General.

El propio exfiscal general de Estados Unidos, William Barr, en su libro "One Damn Thing After Another", admite que el arresto de Cienfuegos no siguió el protocolo habitual y que ni él ni el jefe de la DEA tenían conocimiento previo. Esta confesión, sumada a la posterior devolución del General a México sin condiciones, levanta serias sospechas sobre la solidez de las acusaciones. El entonces embajador estadounidense en México, Christopher Landau, reforzó esta idea al declarar que la decisión de devolver a Cienfuegos a México se basó en la revisión del caso por parte del fiscal, quien determinó que la investigación correspondía, en primera instancia, a las autoridades mexicanas.

La Fiscalía General de la República (FGR), tras una exhaustiva investigación, concluyó que las evidencias presentadas por la DEA, consistentes principalmente en mensajes interceptados, eran insuficientes para sustentar los cargos. Se argumentó que el estilo y contenido de los mensajes no correspondían con la formación y personalidad del General. Incluso, se llegó a plantear la hipótesis de que los mensajes podrían haber sido fabricados por un miembro del grupo criminal para obtener dinero de su líder.

La FGR desmontó punto por punto las supuestas pruebas. Por ejemplo, un mensaje del 9 de diciembre de 2015 ubicaba al General en la Ciudad de México coordinando un encuentro con delincuentes, cuando en realidad se encontraba en Acapulco. Otro mensaje, del 22 de junio de 2016, mencionaba unas vacaciones del General, algo que nunca ocurrió durante sus seis años como Secretario de la Defensa Nacional. Además, se hacía referencia a un hijo varón del “Padrino”, cuando el General Cienfuegos solo tiene hijas. Estas discrepancias, entre otras, sembraron la duda sobre la autenticidad de las conversaciones.

La investigación de la FGR no se limitó a los mensajes. También se revisó el patrimonio y las finanzas del General, sin encontrar irregularidades ni bienes que no correspondieran a sus ingresos como militar a lo largo de 50 años de servicio. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) corroboraron la limpieza de sus cuentas.

En un acto de transparencia sin precedentes, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la publicación del expediente completo proporcionado por la DEA, permitiendo a la sociedad mexicana evaluar las evidencias y formarse su propia opinión. La FGR, por su parte, solicitó en repetidas ocasiones al gobierno estadounidense toda la evidencia relacionada con el caso, incluyendo intercepciones, videos, audios y testimonios. La respuesta de Estados Unidos fue entregar únicamente las mismas intercepciones de mensajes, afirmando que con ello cumplían totalmente con la solicitud. Esta negativa a proporcionar más pruebas refuerza la teoría de una acusación débil y posiblemente motivada por otros intereses.

El caso Cienfuegos deja muchas preguntas sin respuesta y abre un debate sobre la cooperación internacional en materia de justicia. ¿Fue el General víctima de un complot? ¿Cuáles fueron las verdaderas motivaciones detrás de su arresto? ¿Qué implicaciones tiene este caso para la relación entre México y Estados Unidos? El tiempo y futuras investigaciones tal vez arrojen luz sobre estos interrogantes. Por ahora, la historia oficial presenta la imagen de un General exonerado tras una acusación basada en pruebas endebles.