La detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda en octubre de 2020 en Los Ángeles, California, desató una tormenta mediática y política que puso en tela de juicio la integridad de las Fuerzas Armadas mexicanas. Acusado de vínculos con el narcotráfico, su arresto, según fuentes oficiales mexicanas, se realizó sin previo aviso al gobierno de México, lo que generó una profunda molestia y una enérgica respuesta diplomática. Lo que parecía ser un caso sólido contra un alto mando militar, pronto se revelaría como un castillo de naipes construido sobre inconsistencias y presuntas fabricaciones.

Desde el principio, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó su inconformidad por la forma en que se llevó a cabo la detención. Se argumentó que no se siguieron los protocolos de cooperación bilateral, dejando al gobierno mexicano al margen de una investigación que involucraba a uno de sus ciudadanos y, más aún, a un general en retiro. Las declaraciones del entonces fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y del embajador Christopher Landau, parecen confirmar la versión mexicana, admitiendo fallas en el proceso y la falta de solidez en las pruebas presentadas.

La Fiscalía General de la República (FGR), tras recibir la evidencia proporcionada por la DEA, inició una investigación exhaustiva. El análisis de los mensajes interceptados, que supuestamente incriminaban al General Cienfuegos, reveló inconsistencias flagrantes. El lenguaje utilizado, la forma de redacción y el contenido mismo de los mensajes no correspondían con el perfil del General, un militar de carrera con una trayectoria impecable. La FGR concluyó que estos mensajes, que hacían referencia a un "padrino" y mostraban un "Zepeda" en los textos, probablemente fueron fabricados para obtener beneficios económicos dentro del grupo criminal. Esta hipótesis, de ser cierta, destapa una trama de engaño y manipulación dentro de las propias organizaciones delictivas.

Más allá de los mensajes, la investigación de la FGR abarcó el patrimonio del General Cienfuegos, sus operaciones financieras y bancarias. Se revisaron informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El resultado: ninguna irregularidad. Sus bienes correspondían a los ingresos percibidos durante sus más de 50 años de servicio en las Fuerzas Armadas. Este hecho, sumado a las inconsistencias en los mensajes interceptados, debilitaba aún más la acusación.

La decisión del expresidente López Obrador de hacer público el expediente completo proporcionado por la DEA fue un movimiento audaz. Permitió a la sociedad mexicana, e incluso a la opinión pública internacional, evaluar la calidad de las pruebas y formarse su propio criterio. La transparencia en este caso, aunque polémica, buscaba demostrar la fragilidad de la acusación y la falta de fundamentos para sostenerla. Además, la FGR solicitó en repetidas ocasiones al gobierno estadounidense información adicional, incluyendo videos, audios, testimonios y cualquier otra prueba que tuvieran en su poder. La respuesta fue que las intercepciones de mensajes eran la única evidencia disponible. Esta negativa a compartir más información, según la perspectiva mexicana, refuerza la idea de que el caso contra el General Cienfuegos carecía de la solidez necesaria.

La exoneración del General Cienfuegos por parte de la FGR no solo cerró un capítulo controvertido en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, sino que también puso de manifiesto la importancia de la cooperación judicial basada en el respeto mutuo y el apego a la legalidad. El caso Cienfuegos se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo las acusaciones sin fundamento pueden dañar la reputación de individuos e instituciones, y de la necesidad de un escrutinio riguroso de las pruebas antes de emitir juicios precipitados.