El eco de los tambores y las consignas resonaba en el aire sur de la Ciudad de México este domingo, mientras más de 200 personas, unidas bajo el clamor de un alto a la gentrificación, marchaban desde la estación del Metrobús Fuentes Brotantes. No eran simples manifestantes, sino la voz de más de 20 organizaciones ciudadanas, un coro que denunciaba el despojo y el desplazamiento que, como una sombra, se extiende por las 16 alcaldías. Su foco, en esta ocasión: el megaproyecto inmobiliario que amenaza con devorar el corazón de Santa Úrsula Xitla, en Fuentes Brotantes número 134.

Más allá de los fríos permisos ambientales y de obra, los manifestantes denuncian la ilegalidad que se esconde tras la fachada de este desarrollo. Más de 300 árboles, testigos silenciosos de la historia del lugar, han caído bajo las sierras, poniendo en riesgo a más de 100 especies y agrietando el delicado equilibrio del bosque y el manantial. "Un atentado contra la vida", susurraban algunos, mientras otros recordaban con angustia la creciente crisis hídrica que azota a la capital. Elizabeth Álvarez, defensora incansable de los pueblos originarios, lo resumía con la crudeza de la realidad: "Están construyendo sobre un área natural protegida, sobre un pueblo originario, Santa Úrsula Xitla, un pueblo ahora en peligro de desplazamiento".

La lucha no se limita a la defensa del bosque. Es una lucha por el derecho a la ciudad, por el arraigo, por una vivienda digna que no sea objeto de especulación. Seis demandas, claras y contundentes, se alzan hacia el Gobierno de la Ciudad de México: la cancelación inmediata del megaproyecto; la gestión comunal del bosque por parte de Santa Úrsula Xitla; una Ley del Derecho al Arraigo y la Vivienda que la reconozca como un bien común; un plan de ordenamiento territorial construido desde las bases, alejado del clientelismo; una ley inquilinaria justa, popular y urgente; y el cese a la criminalización de quienes defienden el bosque y el territorio.

Las palabras de Damaris Espinoza, integrante de Accionario, una de las organizaciones convocantes, resonaban con fuerza: "Nos oponemos a la mercantilización de la vivienda, a esta gentrificación que la convierte en un objeto de especulación e inversión, mientras miles son desplazados de sus hogares, de sus espacios de comunidad y de barrio".

Ante el plan antigentrificación presentado por la jefa de gobierno, Clara Brugada, la respuesta es un rotundo "insuficiente". Consideran que, enmarcado en la vorágine del Mundial 2026, el plan se reduce a una serie de medidas superficiales, incapaces de frenar la voracidad del mercado inmobiliario. Exigen medidas concretas: topes a las rentas, contratos obligatorios, protección real contra los desalojos, sanciones al acoso de los caseros, expropiación de viviendas ociosas y una diferenciación clara de responsabilidades entre pequeños y grandes arrendadores.

Name Villa del Ángel, otro de los convocantes, no escatima en críticas: "Es una ley simulada para desmovilizar, redactada desde el poder para quedar bien con la FIFA, para el Mundial, con los extranjeros. Las propuestas son insuficientes e irrisorias, los foros, un simple atole con el dedo. Exigimos una ley construida desde abajo, con la participación directa de los pueblos, de los barrios, de las colonias populares, de los inquilinos, de los desalojados, de los defensores del derecho a la vivienda".

La presencia policial, que rodeaba la manifestación, generó incomodidad entre los participantes, quienes reafirmaban el carácter pacífico de su movilización y se deslindaban de cualquier acto de violencia. La marcha culminó en la estación El Caminero, sin incidentes, pero con la firme promesa de continuar la lucha por el derecho a la ciudad. La batalla contra la gentrificación apenas comienza.