La posibilidad de ser padres, un anhelo profundamente arraigado en el ser humano, se ha visto transformada por los avances científicos y tecnológicos. La reproducción asistida, y en particular la gestación por subrogación, abre puertas a la paternidad que antes permanecían cerradas. Sin embargo, la magistrada María Rosario Marenco Ortega, del Poder Judicial de la Ciudad de México, nos alerta sobre la urgente necesidad de una regulación completa y exhaustiva en este campo. Su advertencia no busca menoscabar la importancia de estas técnicas, sino proteger a las partes involucradas de posibles abusos.

Imaginemos la situación de una mujer en una situación económica precaria. La posibilidad de gestar un hijo para otra persona, a cambio de una compensación económica, puede parecer una salida a sus problemas. Sin embargo, sin una regulación adecuada, se abre la puerta a la explotación, a que se aprovechen de su vulnerabilidad. La falta de un marco legal claro permite que se abuse de su necesidad, convirtiendo un acto altruista en una transacción deshumanizante.

La magistrada Marenco Ortega señala la ausencia de contratos regulados para la gestación por subrogación. Nos invita a reflexionar: ¿cómo podemos garantizar la protección de los derechos de todas las partes involucradas si no existen normas claras que rijan este proceso? En la actualidad, estos contratos se manejan como "innominados", es decir, sin una figura jurídica específica que los ampare. Esta falta de definición genera incertidumbre e inseguridad jurídica, tanto para los padres intencionales como para la mujer gestante.

Más allá de la necesidad económica, existen otros riesgos latentes. La magistrada advierte sobre la posibilidad de un mercado negro de órganos, un escenario aterrador donde la vida que se gesta a través de la subrogación se convierte en mercancía. La ausencia de regulación facilita este tipo de prácticas delictivas, poniendo en peligro la integridad de los recién nacidos.

La Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho a la reproducción asistida, pero el reconocimiento no es suficiente. Se requiere una regulación que establezca las reglas del juego, que proteja los derechos de todos los involucrados y que evite la explotación y el abuso. Esta regulación debe ir más allá de los aspectos técnicos y considerar la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la integridad física y emocional, la identidad y la seguridad jurídica, así como los derechos relacionados con la familia.

La magistrada Marenco Ortega propone que la regulación incluya tres apartados fundamentales: antecedentes, declaraciones y clausulado. Esto permitiría establecer un marco claro y preciso, definir las responsabilidades de cada parte y garantizar la transparencia en el proceso. Un contrato bien regulado debe contemplar aspectos como la compensación económica, la atención médica de la gestante, los derechos y obligaciones de los padres intencionales, y el procedimiento a seguir en caso de complicaciones o disputas.

El debate sobre la gestación por subrogación es complejo y requiere un análisis profundo. No se trata de prohibir o limitar el acceso a estas técnicas, sino de asegurar que se utilicen de manera ética y responsable, protegiendo los derechos de todas las partes involucradas, especialmente de las mujeres que generosamente prestan su cuerpo para hacer realidad el sueño de la paternidad de otros. La regulación es la clave para garantizar que este camino hacia la paternidad sea seguro y justo para todos.