La indignación recorre San Miguel Coatlinchán, en Texcoco, Estado de México, tras la brutal muerte de Roco y Canelo, dos perros mestizos, a manos de una pareja. El pasado 14 de julio, en un predio sin delimitar claramente, se desató la tragedia que hoy clama justicia. Raquel “N”, dueña de los canes, relata con profundo dolor cómo sus compañeros de vida entraron al terreno colindante, donde presuntamente atacaron a las mascotas de Mari “N” y Aurelio “N”, dueños de una tortillería local. Lo que siguió fue un acto de violencia desmedida: según la denuncia, los acusados amarraron a Roco y Canelo con una cuerda y los golpearon salvajemente hasta quitarles la vida.

Un video, testigo mudo de la barbarie, circula en redes sociales. Las imágenes, grabadas por transeúntes horrorizados, muestran a Aurelio arrastrando el cuerpo sin vida de uno de los perros con un lazo, incluso invitando a los presentes a acercarse y grabar. Sus palabras, "Lo hice para defender a mis nietos", resuenan como una justificación insuficiente ante la crueldad del acto. La escena ha generado una ola de repudio y exige una respuesta contundente por parte de las autoridades.

La detención de Mari “N” y Aurelio “N” por la Policía Municipal fue un primer paso, pero la sombra de la impunidad se cierne sobre el caso. Un juez decidió que ambos enfrenten el proceso en libertad, argumentando falta de pruebas suficientes. La audiencia programada para el 8 de agosto se convierte en una fecha crucial, donde Raquel “N” deberá presentar más evidencia para que se haga justicia. Este caso pone en relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación y sanción en casos de maltrato animal.

En el Estado de México, el maltrato animal es un delito tipificado en el Código Penal. El artículo 235 Bis establece penas de seis meses a cuatro años de prisión y multas significativas para quienes causen lesiones dolosas a animales que no sean considerados plaga. Si el maltrato resulta en la muerte, las penas se incrementan considerablemente, llegando hasta los seis años de prisión. Además, la grabación y difusión del acto agrava la sanción. En este caso, la existencia del video podría ser una pieza clave para lograr una condena ejemplar.

Más allá del Código Penal, la Ley Protectora de Animales del Estado de México también sanciona actos de tortura, negligencia, abandono y mutilación. La presencia de menores o la participación de servidores públicos en estos actos se consideran agravantes, demostrando la importancia que se le da a la protección animal en el marco legal.

La muerte de Roco y Canelo no puede quedar impune. Es un llamado a la conciencia colectiva, una invitación a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el cuidado y respeto hacia los animales. La ciudadanía puede y debe involucrarse, denunciando cualquier acto de maltrato animal ante instancias como la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROPAEM) o la Fiscalía General de Justicia. Solo a través de la acción conjunta, podremos construir una sociedad donde la vida de todos los seres vivos sea valorada y protegida. El 8 de agosto, la justicia tendrá una nueva oportunidad para demostrar que la crueldad no tiene cabida en nuestra sociedad.