La sombra de la sospecha se cierne sobre Adán Augusto López, y su escueto mensaje en X, lejos de aclarar la situación, la enturbia aún más. Intentar justificar la presunta connivencia con el crimen organizado con una simple estadística sobre la disminución de homicidios resulta, cuanto menos, ingenuo. Es como si un médico celebrara la ausencia de fiebre en un paciente, ignorando el tumor maligno que crece silenciosamente en su interior. La pregunta que el senador elude con maestría es la clave de todo este oscuro asunto: ¿por qué el repunte del 330% en los asesinatos tras la salida de Bermúdez? ¿Acaso la paz que pregonaba era una paz armada, un pacto silencioso con el crimen organizado, una "pax narca" destinada a estallar tarde o temprano?

Las filtraciones de inteligencia militar, las intervenciones telefónicas, las acusaciones de colaboración en ejecuciones, todo apunta a un escenario escalofriante, un esquema de gobernanza basado en la complicidad con el narcotráfico. El caso de Edgar Veytia en Nayarit se presenta como un espejo aterrador, un reflejo de lo que podría ocultarse tras la fachada de "seguridad" que Adán Augusto presume. Y el paralelismo es aún más inquietante si consideramos el explosivo aumento de la violencia tras la caída de Veytia.

La gravedad del caso se magnifica al recordar la posición que Adán Augusto ocupó: Secretario de Gobernación, aspirante presidencial con una campaña opulenta y, ahora, líder de una poderosa facción dentro de Morena. Su influencia se extiende como una telaraña, impulsando candidaturas a gubernaturas, tejiendo redes de proveedores, asesores y aliados. ¿Qué tipo de gobernanza promueven estos personajes? ¿Reproducirán el modelo tabasqueño, sembrando la semilla de la complicidad con el crimen en otros estados? La pregunta no es retórica, es una alerta que exige respuestas, no solo de los electores, sino de las propias instancias de seguridad federales.

Adán Augusto no es un caso aislado. Su nombre se suma a una lista cada vez más larga de políticos bajo la lupa de la sospecha. Rubén Rocha en Sinaloa, Américo Villarreal en Tamaulipas… la historia se repite con matices distintos, pero con un denominador común: la impunidad. El contraste con el sexenio anterior, donde cinco gobernadores priistas terminaron en prisión, es abismal. ¿Por qué la justicia parece haberse dormido en los laureles del obradorismo?

Claudia Sheinbaum se encuentra en una encrucijada. Romper con el pacto de impunidad que heredó o permitir que se extienda como una metástasis. Su decisión no solo definirá su legado, sino el futuro del país. La viabilidad de México pende de un hilo, un hilo que la impunidad amenaza con romper en cualquier momento. El silencio cómplice ya no es una opción.