La creciente ola de despojos en el Estado de México continúa generando alarma. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) pintan un panorama preocupante: un aumento del 15% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, lo que se traduce en 367 casos adicionales y una escalofriante cifra de 2,816 carpetas de investigación, equivalente a un promedio de 15 denuncias diarias. Este incremento sostenido nos obliga a preguntarnos qué factores están impulsando esta tendencia y qué medidas se pueden implementar para frenarla.

Es particularmente alarmante el dato revelado por el SESNSP: en el último trimestre del año pasado, se concentraron 1,524 denuncias por despojo, representando el 54% del total anual. Este pico de casos sugiere la posible existencia de patrones estacionales o la influencia de factores específicos que merecen una investigación más profunda. ¿Se trata de una mayor actividad de grupos delictivos en determinados periodos del año? ¿Existe alguna correlación con eventos socioeconómicos específicos? Son preguntas cruciales que deben ser abordadas para comprender la complejidad del problema.

La situación se torna aún más crítica al analizar las cifras mensuales. De abril a junio de 2025, el Estado de México ha registrado cifras históricas en la comisión de este delito. Junio, con 506 carpetas de investigación, se posiciona como el segundo mes con mayor incidencia, solo superado por mayo con 516. Abril, con 502 denuncias, completa un trimestre alarmante que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades. ¿Qué ha cambiado en estos meses para que se produzca este incremento exponencial? ¿Son las mismas bandas operando o se han detectado nuevos actores?

La comparación con el año anterior resulta inevitable. En el primer semestre de 2024, se registraron 2,449 denuncias por despojo, una cifra ya de por sí preocupante, pero que palidece ante los números actuales. El incremento del 15% no es solo una estadística fría, sino el reflejo del drama que viven cientos de familias mexiquenses que ven vulnerado su derecho a la propiedad. ¿Son suficientes las medidas que se están tomando? ¿Se está brindando el apoyo necesario a las víctimas?

En este contexto, la reciente reforma que endurece las penas por el delito de despojo, con hasta 25 años de cárcel, especialmente para quienes lo cometen contra grupos vulnerables o siendo funcionarios públicos, se presenta como una herramienta importante en la lucha contra este flagelo. Sin embargo, la aplicación efectiva de la ley y la persecución de los responsables son cruciales para que esta reforma no se quede en letra muerta. ¿Cómo se garantizará que esta reforma se aplique con rigor y sin excepciones? ¿Qué mecanismos de control se implementarán para evitar la corrupción y la impunidad?

La "Operación Restitución", implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con la recuperación de 546 predios y la restitución de 140 de ellos a sus legítimos dueños, ofrece un rayo de esperanza. La detención y vinculación a proceso de 18 líderes de organizaciones delictivas relacionadas con despojos, extorsiones y secuestros, como la "USON", "GOPEZ", "Unión 300", "Sindicato 22 de octubre", "Los Gastones" y "AMOS", es un paso importante en el desmantelamiento de estas estructuras criminales. No obstante, la lucha contra el despojo requiere un enfoque integral que aborde las causas subyacentes del problema, fortalezca las instituciones de justicia y garantice la protección de los ciudadanos. ¿Se está investigando la posible colusión de funcionarios públicos con estas bandas? ¿Qué medidas se están tomando para prevenir futuros despojos y proteger a la población en situación de vulnerabilidad? El futuro de la seguridad patrimonial en el Estado de México depende de las respuestas que se den a estas preguntas.