La creciente ola de quejas en redes sociales sobre el alza en las tarifas de combis y microbuses en la Ciudad de México ha encendido las alarmas entre los usuarios del transporte público. El descontento se centra principalmente en rutas como la que conecta Xochimilco con Tulyehualco, donde se reportan cobros de hasta 20 pesos por persona, una cifra significativamente superior a la tarifa autorizada. Este incremento arbitrario golpea directamente el bolsillo de los capitalinos, quienes ven mermada su economía día a día.

La situación se agrava aún más por la negativa de algunos conductores a aceptar la Tarjeta de Movilidad Integrada, obligando a los pasajeros a pagar en efectivo. Esta práctica no solo genera molestia, sino que también levanta sospechas sobre la transparencia en el manejo de los recursos. ¿A dónde va a parar ese dinero extra que se recauda? ¿Se está invirtiendo en mejoras del servicio o simplemente engrosa los bolsillos de unos cuantos? La opacidad en este sentido alimenta la indignación ciudadana y la desconfianza hacia el sistema.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) se encuentra en el ojo del huracán, recibiendo una avalancha de denuncias a través de redes sociales. Los usuarios exigen una respuesta contundente y acciones concretas para frenar estos abusos. La SEMOVI tiene la responsabilidad de garantizar que las tarifas se respeten y de sancionar a aquellos que se aprovechan de la necesidad de la gente. No basta con publicar las tarifas oficiales; se requiere una fiscalización efectiva en las calles para asegurar su cumplimiento.

La problemática no se limita únicamente al tramo Xochimilco-Tulyehualco. También se han reportado incrementos en la ruta 30, que va de San Antonio Tecómitl a Santa Ana en Milpa Alta, donde el pasaje ha alcanzado los 9 pesos. Esta situación evidencia una tendencia preocupante: el aumento descontrolado de las tarifas en diversas rutas de la ciudad. ¿Se trata de casos aislados o de una práctica generalizada que requiere una intervención urgente de las autoridades?

Ante la falta de respuestas y la persistencia de los abusos, los usuarios se sienten abandonados a su suerte. Muchos se preguntan qué medidas pueden tomar para defender sus derechos. ¿A quién acudir para denunciar estas irregularidades? ¿Existe un canal de comunicación efectivo con las autoridades? La incertidumbre y la impotencia se apoderan de quienes dependen del transporte público para sus actividades diarias.

Es crucial que la SEMOVI actúe con prontitud y transparencia. Se necesita una campaña de información clara y accesible para que los usuarios conozcan las tarifas oficiales y los mecanismos para reportar cualquier anomalía. Además, se deben implementar medidas de control más rigurosas para evitar que los conductores se aprovechen de la situación. La ciudadanía exige un transporte público digno, eficiente y justo. La pelota está en la cancha de las autoridades.