En México, la infancia de miles de niñas se quiebra bajo el peso de una maternidad impuesta. Las cifras, frías y contundentes, nos hablan de más de 56,600 menores de dieciséis años que dieron a luz en 2024. Imaginen, por un instante, a una niña de diez, once o doce años enfrentando un embarazo. Mil seiscientas cincuenta y dos niñas, apenas entrando en la adolescencia, ya cargando con una responsabilidad que les roba la posibilidad de jugar, de aprender, de simplemente ser niñas. Y lo más desgarrador: en la inmensa mayoría de los casos, el responsable es un hombre adulto. Hombres que les duplican, triplican la edad. Hombres que podrían ser sus abuelos, incluso bisabuelos, como en el estremecedor caso documentado de un hombre de noventa y siete años.

Estas cifras no son simples estadísticas, son historias de vidas truncadas. Historias que se esconden tras el silencio cómplice de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. Los registros civiles, los hospitales, las bases de datos oficiales, todos guardan la evidencia de este atroz delito. Sin embargo, ¿dónde están las denuncias? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde está la justicia que estas niñas merecen? La respuesta es desoladora: en ninguna parte. El delito se comete a plena luz del día y queda impune, enterrado bajo la alfombra de la indiferencia y la normalización de la violencia.

No podemos seguir engañándonos. Esto no es cultura, no es tradición, no es un simple descuido. Es violencia sexual infantil. Es abuso. Es un crimen que les roba la infancia y las condena a un futuro incierto. Y mientras el Estado se limita a registrar estos embarazos como meros datos estadísticos, las niñas se enfrentan solas a un mundo que les ha dado la espalda. Se las abandona a su suerte, a merced del mismo agresor que las violentó, atrapadas en un ciclo de pobreza y control.

La maternidad temprana no es un destino inevitable, no es parte del paisaje social. Es una consecuencia directa de la violencia, de la desigualdad estructural y del abandono institucional. Romantizarla, aceptarla como algo normal, es ser cómplices de este horror. Las consecuencias son devastadoras, marcas imborrables en el cuerpo y el alma de estas niñas. Sus cuerpos, aún en desarrollo, no están preparados para el embarazo ni el parto. Su educación se interrumpe, sus sueños se desvanecen, su salud mental se deteriora. Y mientras tanto, el silencio sigue reinando.

Es hora de actuar. Cada embarazo en una menor de edad, cuando el hombre involucrado es un adulto, debe ser, sin excepción, motivo de una investigación penal. No podemos seguir llamando "parejas" a lo que en realidad son relaciones de poder, de coerción, de abuso sistemático. Debemos garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, atención psicológica especializada, justicia efectiva y acceso a la educación para todas las niñas y adolescentes. El gobierno debe asumir su responsabilidad con acciones concretas y voluntad real. No podemos seguir siendo espectadores pasivos de esta tragedia.

Los hombres adultos que embarazan niñas no son padres, son agresores. Son criminales. Y es hora de que la justicia los alcance. Basta de impunidad. Basta de mirar hacia otro lado. El futuro de estas niñas está en juego. Su silencio nos interpela. Su dolor nos exige actuar.