La indignación recorre México. Una madre, Fabiola Alejandra “N”, ha sido condenada a 20 años de prisión por el aberrante delito de abuso sexual contra su propio hijo. El caso, ocurrido en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, durante el primer semestre de 2020, ha sacudido la conciencia colectiva y reabierto el debate sobre la protección de la infancia y la severidad de las penas para este tipo de crímenes.

La Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de un comunicado oficial, confirmó la sentencia tras un largo y complejo proceso judicial. La mujer aprovechaba la custodia compartida con el padre del menor para cometer los abusos, una traición a la confianza más fundamental que un niño puede depositar en un adulto. Semana tras semana, durante seis meses, el horror se repetía en la intimidad del hogar, un espacio que debería ser sinónimo de seguridad y amor, pero que se transformó en escenario de un trauma irreparable.

Imaginen la angustia del padre al descubrir la verdad, la impotencia ante la vulnerabilidad de su hijo, la rabia contenida ante la monstruosidad del acto. Su denuncia fue el primer paso hacia la justicia, un acto de valentía que permitió iniciar la investigación a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia. Las pruebas, contundentes, no dejaron lugar a dudas sobre la culpabilidad de Fabiola Alejandra “N”.

Veinte años tras las rejas. ¿Es suficiente? La pregunta resuena en las redes sociales, donde la noticia ha generado una oleada de comentarios. Muchos exigen penas más duras, castigos ejemplares que reflejen la gravedad del delito y disuadan a potenciales agresores. Otros, ponen el foco en la prevención, en la necesidad de educar en la protección de la infancia, en crear redes de apoyo para las víctimas y sus familias.

Este caso no es un hecho aislado. Es un síntoma de una enfermedad social que debemos combatir con todos los recursos a nuestro alcance. La Fiscalía de Jalisco, a través de la Dirección de Litigación y Seguimiento de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, ha reiterado su compromiso con la justicia, asegurando que no habrá impunidad para quienes atenten contra la integridad de los menores. Pero la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones. Como sociedad, tenemos el deber de estar alerta, de denunciar cualquier sospecha de abuso, de construir un entorno seguro para nuestros niños.

La condena a Fabiola Alejandra “N” es un paso importante, pero no es el final del camino. La lucha contra el abuso infantil es una batalla que debemos librar día a día, con firmeza y determinación. El futuro de nuestros hijos depende de ello. No podemos, no debemos fallarles.