La sombra del Tren Maya se alarga cada día más sobre el sureste mexicano, no como la promesa de progreso que se pregonaba, sino como un recordatorio constante de la ineficiencia y la opacidad que pueden permear las grandes obras de infraestructura. Siete millones de pesos diarios. Esa es la cifra que resuena como un eco siniestro en los oídos de un país que lucha contra la pobreza y la desigualdad. Siete millones que se desvanecen, que se pierden en un laberinto de costos inflados, de contratos turbios y de una planificación que, a todas luces, parece haber ignorado las advertencias de expertos y las voces de las comunidades afectadas.

No se trata simplemente de una mala inversión, es un insulto a la inteligencia colectiva, un desprecio a las necesidades urgentes de una población que clama por atención en áreas cruciales como la salud, la educación y la seguridad. Mientras hospitales carecen de insumos básicos y escuelas se derrumban, el Tren Maya se convierte en un monumento a la desidia, un símbolo de la desconexión entre el gobierno y la realidad que viven millones de mexicanos. ¿Cómo justificar semejante despilfarro cuando tantas familias luchan por llevar alimento a sus mesas? ¿Cómo defender un proyecto que, en lugar de generar prosperidad, parece estar cavando un hoyo aún más profundo en las finanzas públicas?

El ecocidio que acompaña la construcción del Tren Maya es otro capítulo doloroso en esta historia de despropósitos. La selva, pulmón del planeta y hogar de una biodiversidad invaluable, se ve amenazada por el avance implacable de las máquinas. Las comunidades indígenas, guardianas ancestrales de estos territorios sagrados, ven cómo su cultura y su forma de vida se ven vulneradas por un proyecto que no las consideró, que las ignoró en su afán por cumplir con una agenda política. Se talan árboles centenarios, se fragmentan ecosistemas vitales, se destruye un patrimonio natural que pertenece a todos los mexicanos, y las consecuencias a largo plazo podrían ser devastadoras.

La falta de transparencia que rodea al Tren Maya es un caldo de cultivo para la corrupción. Los contratos opacos, la ausencia de rendición de cuentas y el silencio cómplice ante las denuncias de irregularidades, alimentan la sospecha de que detrás de esta obra faraónica se esconden intereses particulares, que se benefician a costa del erario público. ¿Dónde está el desarrollo prometido? ¿Dónde están los empleos que iban a transformar la vida de las comunidades del sureste? Las promesas se las lleva el viento, mientras la realidad nos golpea con la crudeza de un proyecto que se descarrila día a día.

El Tren Maya no es un símbolo de progreso, sino un reflejo de la crisis que atraviesa el país. Una crisis de valores, de liderazgo y de visión. Una crisis que exige un cambio de rumbo, una apuesta por proyectos que realmente beneficien a la población, que respeten el medio ambiente y que fortalezcan el tejido social. Siete millones de pesos diarios es una cifra que debería avergonzarnos como nación. Es un llamado a la reflexión, a la acción y a la exigencia de un futuro mejor. Un futuro donde el desarrollo no se construya sobre las ruinas de la naturaleza y la esperanza.