La calidad del aire en Monterrey se ha convertido en un tema recurrente, casi una obsesión, en la agenda del gobernador Samuel García. Imágenes de cielos grises inundan sus redes sociales, acompañadas de enérgicas declaraciones y anuncios de medidas drásticas. La reciente clausura definitiva de Zinc Nacional, calificada por el propio gobernador como “una chimenea de contaminación asquerosa”, es el ejemplo más visible de esta política de mano dura. Sin embargo, surge la pregunta: ¿es esta la estrategia adecuada para combatir un problema tan complejo? La imagen de 500 elementos de la Fuerza Civil, la policía estatal, rodeando una fábrica, transmite una sensación de acción contundente, pero también genera inquietud. ¿Es realmente necesario desplegar semejante fuerza para un tema ambiental, mientras la inseguridad y el caos vial siguen azotando a la ciudadanía?

La percepción generalizada en Monterrey es que la prioridad del gobierno se centra más en la espectacularidad mediática que en la resolución efectiva del problema. Mientras se invierten recursos y esfuerzos en operativos de alto impacto, las verdaderas preocupaciones de la población, como la seguridad, el transporte y la vialidad, parecen quedar relegadas a un segundo plano. Es paradójico que tanto la crisis ambiental como la de seguridad pública requieran, en esencia, las mismas soluciones: políticas preventivas, vigilancia inteligente y participación ciudadana. Sin embargo, la estrategia del gobierno se enfoca en medidas reactivas, como clausuras, multas e inspecciones sorpresa, sin un plan integral que ataque las raíces del problema.

La modernización del parque vehicular, la ampliación del transporte público de bajas emisiones y la garantía de combustibles limpios son aspectos cruciales que no se están abordando con la suficiente contundencia. Si bien los operativos antidumping ambiental son necesarios, no son suficientes para solucionar la emergencia respiratoria mientras se sigan tolerando quemas, incendios forestales y refinerías obsoletas. La creación de la Unidad Ambiental para perseguir delitos ambientales es un paso positivo, pero su efectividad dependerá de la coordinación real con otras áreas, como seguridad pública, salud, movilidad y hacienda.

Es urgente que el gobierno estatal trascienda los operativos mediáticos y adopte una política integral que incluya un rediseño urbano que priorice el transporte masivo limpio, una regulación firme al combustible, incentivos reales para la renovación de vehículos y campañas permanentes de cultura ambiental. Solo así se logrará una reducción sostenible de las partículas PM2.5, sin sacrificar la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para protegerlos, no solo del aire que respiran, sino del entorno en el que viven.

El caso de Avacor S.A. de C.V., sancionada por el uso indebido del logotipo de la Guardia Nacional, ilustra la necesidad de proteger los símbolos institucionales. La inhabilitación y multa impuestas por la Secretaría de la Función Pública envían un mensaje contundente a otras empresas: la imagen de las instituciones no puede ser trivializada ni utilizada con fines comerciales. Este tipo de acciones son fundamentales para fortalecer el Estado de Derecho y combatir la corrupción.

Por otro lado, el caso de Óscar Herrejón y su hijo Manuel, envueltos en una serie de denuncias e investigaciones relacionadas con el sistema financiero, pone de manifiesto la vulnerabilidad del sector ante influencias políticas y movimientos financieros sospechosos. La investigación que salpica a Masari Casa de Bolsa, dirigida por Ernesto López Quezada, debe ser exhaustiva y transparente para garantizar la integridad del sistema financiero y la confianza de los inversionistas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe actuar con firmeza para evitar que se repitan este tipo de situaciones que ponen en riesgo la estabilidad del sector.

Estos casos, aparentemente dispares, reflejan una problemática común: la necesidad de fortalecer las instituciones, promover la transparencia y garantizar el Estado de Derecho. Solo así se podrá construir un país más justo, seguro y próspero para todos.