La sombra de la violencia se cierne nuevamente sobre Tapachula, uno de los municipios chiapanecos marcados por la Alerta por Violencia de Género. El silencio de una habitación en el Hotel Bonsaí se ha convertido en el mudo testigo de una tragedia que ha conmocionado a la comunidad. Tras la fachada de un establecimiento de hospedaje, se esconde la desgarradora historia de Dulce “N”, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado por personal del hotel. La rutina de limpieza se topó con la cruda realidad de un feminicidio, encendiendo las alarmas y sumiendo a la ciudad en una profunda consternación.

El hallazgo del cuerpo desencadenó una rápida respuesta de las autoridades. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron el fatal desenlace, mientras que elementos de la Policía Municipal y Estatal Preventiva acordonaron la escena, preservando las evidencias para la investigación. La Fiscalía General del Estado, a través de sus peritos, inició el meticuloso proceso de recolección de datos, buscando reconstruir las últimas horas de Dulce y esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

Los primeros indicios apuntan a una escena de violencia. Los gritos y la fuerte discusión que, según el personal del hotel, se escucharon durante la madrugada, sugieren un altercado previo al trágico desenlace. Las huellas de forcejeo encontradas en la habitación refuerzan la hipótesis de un enfrentamiento, pintando un cuadro desolador de los momentos finales de la víctima. La necropsia de ley, practicada por el Servicio Médico Forense, confirmó la causa de la muerte: asfixia mecánica por sofocación, un dato estremecedor que confirma la brutalidad del crimen.

La investigación, bajo el protocolo de feminicidio, se centra ahora en Armando “N”, quien acompañaba a Dulce la noche de su ingreso al hotel. Su detención, llevada a cabo en la misma ciudad, lo coloca como el principal sospechoso de este acto atroz. La sombra de la sospecha se extiende aún más al conocerse su parentesco con una figura pública: Janeth Ovando, ex diputada y ex funcionaria del estado. Este vínculo familiar añade un nuevo elemento a la compleja trama, generando interrogantes sobre posibles influencias y la necesidad de garantizar la transparencia y la imparcialidad en el proceso judicial.

La figura de Dulce “N”, de 40 años y de profesión médica, se suma a la lista de víctimas de feminicidio en Chiapas, una lista que lamentablemente sigue creciendo. Su caso, el número 21 en lo que va del año, es un crudo recordatorio de la persistencia de la violencia de género en la región y la urgencia de implementar medidas más efectivas para proteger a las mujeres. La Fiscalía, a cargo de Jorge Llaven, ha asegurado que buscarán la pena máxima para el responsable, que podría alcanzar hasta 100 años de cárcel. Sin embargo, más allá de la condena, la sociedad chiapaneca clama por justicia, por un cambio profundo que erradique la violencia y garantice la seguridad y la vida de las mujeres. El caso de Dulce “N” no debe quedar impune, debe ser un llamado a la acción, un impulso para construir una sociedad donde la vida de las mujeres sea valorada y protegida. La lucha contra la violencia de género es una tarea de todos, una responsabilidad compartida que exige compromiso, solidaridad y un cambio de mentalidad para romper el ciclo de la violencia y construir un futuro más justo y seguro para todas.